Publicado 14 de Marzo 2018 por ACAFREMIN (Alianza Centroamericana Frente a la Minería). 
Les estamos agradecidos a ACAFREMIN por el derecho de reproducir el artículo aquí.

El colectivo guatemalteco ecologista Madre Selva publicó hoy un libro en el que narra la resistencia de las comunidades mayas Q’eqchi’ de Santa María Cahabón, en el departamento norteño de Alta Verapaz, a los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II.

La obra, titulada ‘Liberemos Nuestros Ríos’ y editada por la investigadora Simona Violetta Yagenova, tiene como objetivo “nutrir” a la población guatemalteca sobre la oposición a la ‘concesión privada de los ríos’ con énfasis en el proceso de ‘defensa’ que han realizado las comunidades aledañas para impedir que se desarrollen los proyectos en los ríos Cahabón y su afluente Oxec. El libro, que contó con el apoyo de la Fundación Hienrich Böll Stiftung, realiza un análisis histórico de la ‘lucha social’ de los dos proyectos hidroeléctricos.

Ambos pertenecen al grupo Energy Resources Capital Corp., registrado en Panamá, y obtuvieron la autorización definitiva para operar del Ministerio de Energía y Minas el 7 de agosto de 2013 y el 12 de febrero de 2015 para Oxec I y Oxec II, respectivamente.

La investigación narra cómo desde el año 2012 al 2015 la población de Santa María Cahabón habría sufrido asesinatos y desalojos a pobladores de la comunidad, así como el encarcelamiento de algunos de sus líderes que se opusieron a la instalación de dichos proyectos.

Fotografia por: latrillamediosindependientes.blogspot.com

El movimiento, añade, emergió y se desarrolló a pesar de una extensa campaña de difamación, que incluye la criminalización de uno de sus dirigentes (Bernardo Caal, detenido el pasado 5 de febrero por supuestamente haber cometido los delitos de detención ilegal y robo), orquestada por ‘el empresariado’ y ‘los poderes locales’, con la connivencia de los organismos Ejecutivo y Judicial.

Del Río Cahabón, que cuenta con una longitud de 195,95 kilómetros entre el norte y el oriente del país, se desprenden más de 50 ríos y arroyos entre los que se encuentra Oxec, Canlich y Chiacté, en los cuales operan actualmente seis hidroeléctricas: las Renaces I, II, III y IV (de la Corporación Multiinversiones), los Oxec I y II y la de Chichaic.

La construcción de varias represas, señala el documento, “altera gravemente el ecosistema fluvial” alrededor de los cauces, “destruyendo hábitats, modificando el caudal y cambiando los parámetros básicos del agua”.

Tras un análisis detallado de las diferentes acciones, consultas previas, amparos y resoluciones del ente Constitucional -que en mayo pasado resolvió que la hidroeléctrica podría seguir trabajando pese a no haber esperado a la consulta previa basada en el Convenio 169 de la OIT- la publicación de Madre Selva asegura que hubo contradicciones en la resolución.

El libro concluye que “las consultas comunitarias de buena fe constituyen mecanismos de regulación social, resolución de conflictos y toma de decisiones que se construyen colectivamente.”

En diciembre pasado [2017], la Cámara de la Industria de Guatemala celebró el fin a un proceso de consulta comunitaria que encabezó el Ministerio de Energía y Minas entre septiembre y noviembre pasados en 11 comunidades aledañas, en los que supuestamente se llegaron a acuerdos que fueron trasladados a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, dicho proceso no fue bien recibido por colectivos de activistas, como Madre Selva.

Según dijo al presentar los resultados el ministro de Energía, Luis Chang, los acuerdos entregados al poder Supremo se centran en constituir “relaciones en un ambiente de armonía” y que la empresa cumpla con “mitigaciones ambientales durante y posterior a la construcción y operación del proyecto.”

Una afirmación a la que se opone el libro ‘Liberemos Nuestros Ríos’, el cual sostiene que el Estado guatemalteco, históricamente, “ha despojado a los pueblos originarios en sucesivos periodos históricos bajo el lema del desarrollo y el progreso.”

Mientras las hidroeléctricas Oxec I y II guardan la esperanza de generar unos 100 MW anuales, han sido centenares de pobladores y activistas los que advierten que el proyecto ha dejado sin agua a unas 50 comunidades.