“En toda América Latina hay resistencia contra las represas” – Gustavo Castro, ecologista

Activista señala que desarrollo continuo de megaproyectos hidroeléctricos agrava el cambio climático.

Por Vinicio Chacón, Semanario Universidad (Costa Rica) | vinicio.chacon@ucr.ac.cr

Sep 21, 2016

Palabras claves: Berta Cáceres; COPINH; criminalización; hidroelectricidad; cambio climático; Protocolo de Kioto; tratados de libre comercio.

El ecologista mexicano Gustavo Castro ganó notoriedad por ser el único testigo del asesinato de la líder indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo [2016].

Castro es dirigente de la organización Otros Mundos – Amigos de la Tierra y con calma pero con contundencia abordó el asesinato y la increíble manipulación del caso que hizo el sistema judicial hondureño, buscando inculpar a activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Desde esa organización, Cáceres lideró la lucha del pueblo indígena lenca contra el proyecto hidroeléctrico (PH) Agua Zarca, de la empresa desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

De vista en Costa Rica para participar en el II Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales (COLCA), Gustavo Castro conversó con UNIVERSIDAD en una entrevista coordinada a través de la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON).

¿Cómo despertó su conciencia ecologista?

-Fue un proceso de muchos años de pasar en la participación en cooperativas, trabajé mucho tiempo con refugiados guatemaltecos que habían venido de la guerra. El salto a la lucha ambiental se da en la década de los 90, cuando empiezan a llegar al país muchos proyectos de inversión después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ALCA), favoreciendo obviamente a las transnacionales y al saqueo del país.

-Eran de la nación el petróleo, el gas, el uso del agua, la electricidad, etc. No es que no habían conflictos, pero cuando pasan a manos de las corporaciones, exigen todavía más condiciones favorables de inversión. Empiezan a modificarse la ley de Aguas y la ley Minera para entregar a las grandes empresas mineras la explotación del oro, de la plata, de minerales estratégicos del país; ahora con la reforma energética, también el petróleo y el gas. Esto de alguna manera empieza a impactar cada vez más el medio ambiente, ahí empieza una lucha con mayor fuerza en torno a la defensa de los territorios; pero también cuando empezamos a ver la deforestación que causa la infraestructura para favorecer las inversiones, no solamente en mi caso, sino también en comunidades campesinas e indígenas empieza a haber una consciencia más grande sobre el impacto ambiental.

¿Cuándo se empiezan a dar los contactos con el COPINH y Berta Cáceres?

-A Berta la conocí en 1999, cuando empezamos a convocar muchos procesos de resistencia, entre ellos la creación de la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, el Encuentro Hemisférico Contra la Militarización, o el encuentro contra el Plan Puebla Panamá. Organizábamos todos esos encuentros en Chiapas; después los replicábamos en Honduras. Se hizo toda una relación en torno a los procesos de resistencia en los que participábamos no solamente nosotros y el COPINH, sino toda la región en Mesoamérica. Había mucha afinidad en el proceso de construcción del movimiento con Berta y el COPINH desde hace más de quince años.

¿Cuál es la lección más importante que se puede extraer de la historia de Berta Cáceres?

-Se me hace muy difícil decir una sola cosa, porque era una persona muy compleja, en el sentido de que era muy rica, una persona muy coherente que tenía la capacidad de análisis estructural; también podía tener una interlocución muy fuerte tanto con académicos como con congresistas, y al mismo tiempo estaba en la movilización con la gente.

-Fue sumamente respetuosa y muy tenaz, era una mujer muy valiente, siempre estaba al frente de todas las manifestaciones del COPINH. Berta fue muy coherente en su análisis, su discurso y su actitud con los pueblos y con el movimiento.

-Con el asesinato de Berta, su personalidad renace en todos lados. Como decimos, Berta no murió, se multiplicó, su presencia es muy fuerte.

-Fue una persona muy feliz, era muy optimista pese a todas las adversidades, ya que recibió muchas amenazas e intentos de asesinato.

Luego de perpetrado el asesinato y de que los sicarios le dieran a usted por muerto también, ¿qué actitud tuvieron las autoridades?

-Creo que lo primero que sorprende es que hubiera un testigo, que no esperaban. Llegué un día antes a La Esperanza (donde vivía Cáceres), entonces creo que nadie más que el COPINH y Berta sabía que yo iba a estar ahí. Me parece que pretendían que fuese un asesinato limpio, donde ella estaría sola en su casa. Cuando se dan cuenta de que hay un testigo, tienen que modificar el escenario y empezar a inventar ya la forma cómo criminalizar al mismo COPINH. No lo logran, entonces buscan cómo criminalizarme a mí.

-No pudieron presentarle a la familia, al COPINH y tampoco a la comunidad nacional e internacional una versión creíble, cuando había tantos antecedentes y estaba tan claro el origen del problema.

-Es por ello que de alguna manera intentan retenerme de manera ilegal en el país para buscar la forma en cómo imputarme. Al final a los que acaban sacrificando es al gerente de la empresa, al ejército y a los sicarios. Sabemos que no son los únicos que están involucrados.

-El trato que me daban era como de una ficha, como de objeto de prueba, violando mis derechos humanos pero también muchos procedimientos judiciales. Todo el mundo sabe porque en la prensa salió cómo se alteró la escena del crimen. En todos esos primeros días hubo muchísimas irregularidades en el proceso de investigación.

Incluso cuando hace el retrato hablado, el artista dibuja a otra persona.

-Yo no sabía que mientras estaba en el Ministerio Público, habían detenido a un miembro del COPINH a quien intentaban culpar. Efectivamente, mientras yo estaba sin dormir, herido y con toda esa tensión, me traen a la persona que hace el retrato hablado. Yo le decía que así no era, lo borraba y volvía a dibujar lo mismo.

-Me dijeron en varias ocasiones que me podía ir. Yo obviamente estaba dispuesto a ayudar en todas las diligencias, aunque me tuvieran sin comer, sin dormir, sin una frazada si quiera; de cualquier manera yo iba apoyando, dejé mi ropa ensangrentada. Una forma como intentaron imputarme es que me robaron la maleta, que dejé en la casa de Berta, había obviamente la posibilidad de sembrar cualquier cosa que me pudiera inculpar – hasta la fecha no me la han entregado.

-No hicieron ninguna cadena de custodia aunque yo lo reclamé ante a fiscal, el Ministerio Público, la abogada de la Comisión de Derechos Humanos de Honduras, todo el mundo es testigo de que pedía copia de mi declaración ministerial y no me la daban – la copia de mi declaración ante la juez, y no me la daban; pedía que me regresaran mi maleta, igual. Era un cinismo de violación total al Código Procesal, al Código Penal, a los derechos humanos.

-Incluso no había una formalidad en el reconocimiento de las caras. Me pusieron al principio fotografías y videos del COPINH para que dijera si ahí estaba el culpable del asesinato.

-Se dan muchas irregularidades en este proceso y por ello el gobierno decreta que todas esas diligencias ministeriales se mantienen en secreto.

-En el caso del secuestro de Estado en el aeropuerto, me regresan otra vez a que hiciera más careos. Luego estuve en la casa del Embajador de México un mes, hasta el último día, sin que me dieran ninguna explicación de para qué me querían, sin que me entregaran incluso copia de la resolución de la juez donde decretaba mi prohibición de salir del país, y ante la insistencia de la abogada ante tal anomalía jurídica, tal ilegalidad, la juez suspende a mi abogada de su ejercicio profesional.

Posteriormente las autoridades relacionaron a funcionarios de la empresa DESA  y de la institucionalidad militar con el asesinato, pero usted ha dicho que va más allá?

-No lo digo yo, lo dice la prensa, lo dice COPINH, lo dice la familia, incluso hubo un atentado contra un periodista que explicó muchas de las relaciones y vinculaciones de jueces y de políticos en el problema.

Ha afirmado que considerar la energía hidroeléctrica como limpia es una “estúpida idea”, lo cual es un gancho directo a la quijada del orgullo costarricense de producir energía de esa manera.

-No solamente en Costa Rica, sino en toda América Latina, que por décadas asoció siempre las hidroeléctricas con el  desarrollo limpio.

-Si en Costa Rica no lo saben, que sepan que hay una resistencia impresionante en toda América Latina, de cantidad de pueblos que han sido desplazados y asesinados, que no ha habido una experiencia de reubicación adecuada ni tampoco de indemnización. Incluso la misma Comisión Mundial de Represas que financió el Banco Mundial, en el 2000 sacó un informe donde dicen que el 60% de las cuencas del planeta han sido represadas, que el 30% de los peces de agua dulce se han extinguido por causa de las presas que generan el 5% de los gases de efecto invernadero, que se han construido más de 50.000 grandes represas en el mundo, que los países quedaron sumamente endeudados con el Banco Mundial, que el 30%  de las represas en el mundo no han generado la energía que debían generar, que desplazaron a 80 millones de personas en todo el mundo inundando pueblos y ciudad. Eso lo dice toda la evidencia en el mundo y en toda América Latina, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Panamá y en México hay resistencia contra las represas.

-A partir de ese informe el movimiento social contra las represas dijo “tenemos que desarticular ese discurso”, un discurso en donde hidroelectricidad es igual a energía limpia, cuando ha generado todos esos desastres, incluso desaparecido manglares, han desaparecido cuencas enteras por la construcción de represas.

-Con el Protocolo de Kioto vuelven  otra vez a intentar reposicionar a las represas como energía limpia, en el sentido de que los países del Norte, para intentar reducir los gases de efecto invernadero, buscan suplirlo con inversión en energía limpia. Entonces si tengo que eliminar en el Norte diez toneladas de CO2, no lo elimino; mejor construyo una represa que según yo va a eliminar esas diez toneladas, las va a ahorrar en energía limpia.

-Los efectos de las represas en el mundo son desastrosos. ¿Cómo generar entonces otro paradigma de energía limpia? Ese es el gran problema; pero no construyendo, bloqueando más cuencas, desplazando más pueblos, lo que además favorece a las empresas constructoras de represas en todo el mundo. Hay otras formas y mecanismos de generar energía limpia. Incluso en Europa y Estados Unidos están desmantelando represas. Pero sí hay que construirlas en el Sur con la idea de que es energía limpia, sustentable y verde, pero es la energía más sucia que ha generado todos estos impactos socio-ambientales.

¿Están la mentalidad ecologista y ese nuevo paradigma para producir energía que usted menciona perdiendo el pulso contra la ideología extractivista, de la cual la construcción de represas es parte?

-Creo que más bien se está fortaleciendo mucho la resistencia. Incluso ha logrado detener muchos proyectos hidroeléctricos en Brasil, México, en muchos lugares.

-El gran reto que tenemos es cómo las mismas comunidades van construyendo alternativas distintas de desarrollo. Fui al COPINH como invitado para que reflexionáramos sobre otros modelos y mecanismos de generar energía limpia, autónoma, comunitaria que sirva a los pueblos, no inundando los territorios del COPINH para las zonas económicas especiales, para los proyectos mineros. Por ejemplo, la lixiviación del oro puede gastar según el tamaño de la mina, unos dos, tres millones de litros de agua cada hora. Necesitan represas y grandes cantidades de energía.

-El uso de energía y de agua se requiere para monocultivos, para parques industriales, para ciudades modelo, para incluso grandes centros turísticos, grandes hoteles, para la industria automotriz; y al final de cuentas los pueblos son los que pagan el precio de ese supuesto desarrollo.

¿Hasta qué punto todo ese proceso es impulsado por tratados de libre comercio? ¿Es realista esperar que los países denuncien esos tratados y se de espacio a un nuevo paradigma de generación de energía?

-Es un reto. La responsabilidad no es solamente de las poblaciones indígenas y campesinas de advertir y resistir a esto. Ciertamente los tratados de libre comercio aceleran este proceso y no solo los tratados, sino el supuesto Protocolo de Kioto.

-Los tratados de libre comercio abren las puertas a las inversiones: si antes no había diez parques industriales, ahora ya los hay y requieren agua y energía; si antes no había una empresa automotriz europea, japonesa, norteamericana en nuestro país, ahora ya hay tres, cuatro o cinco, y requieren agua y cantidades de energía. Si antes no había plantaciones de monocultivos y ahora sí, como Monsanto en zonas que requieren grandes cantidades de agua, pues ahora ya los hay. Si antes no existían proyectos mineros que requieren grandes cantidades de agua y energía, ahora ya los hay.

-Los tratados de libre comercio aceleran la necesidad de agua y energía, porque aceleran la inversión en todo este tipo de megaproyectos que requieren de estos insumos.

¿Está el acuerdo de París en la misma línea que el protocolo de Kioto?

-Sí, al final de cuentas no tocan de fondo el problema y siguen viendo la manera de cómo seguir dando paliativos, como pasó con el Protocolo de Kioto: quince años después lo aprueban, después de que se anuncia la urgencia, y aceptan reducir 5% el gas efecto invernadero no tras esos quince años, sino de quince años atrás – cosa que se pasa de absurda.

-Luego ese 5% ni siquiera lo voy a reducir; voy a buscar como lo compenso. Sigo produciendo toneladas de CO2 y mejor compro la selva de Costa Rica, los servicios ambientales, que respire diez toneladas. Entonces contaminación igual a cero: acá produzco diez, allá respiro diez; compro para respiración y le ponemos bonos de carbono o muy elegantemente economía verde.

-Lo mismo está pasando con todas las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) que ha habido. No ha sido otra cosa más que ir posponiendo y posponiendo sin llegar al fondo del problema.

¿Cuál es el fondo del problema?

-Tenemos que cambiar el paradigma del sistema; tenemos que detener desde el origen el cambio climático y eso implica no solamente este capitalismo atroz, sino la contaminación que generan los países más desarrollados: entre el 60% y el 66% de los gases de efecto invernadero del planeta.

-Tenemos que detenerlo y como decía Berta, ya no hay tiempo. Dijo una frase muy bonita: “despertemos humanidad”. Creo que el problema es sistémico, es planetario y tenemos que tomar consciencia de la necesidad de cambiar este paradigma de desarrollo.

©2015 Semanario Universidad. Derechos reservados. Hecho por 5e Creative Labs, Two y Pandú y Semanario Universidad.

Reproducido aquí con permiso de Vinicio Chacón

Agua Para El Pueblo / Water For The People

I first learned of the Honduran non-governmental organisation (NGO) Agua Para El Pueblo (APP) in 1999 when the Catholic Institute for International Relations (later to become Progressio and even later, 2017, to cease its development work) hired me to make an evaluation of the effects of Hurricane Mitch on its development work programmes in El Salvador, Honduras and Nicaragua. Amongst other results of that work I wrote a case study about APP for the book ‘Storm Warnings’ (published by the CIIR in 2001).

In essence, APP supports community initiatives and efforts to improve the conditions of life through the provision of clean water and sanitation systems. It does so through a mechanism of community participation and through cooperation with appropriate organisations and institutions that are present in the community. Its ultimate aim is to improve the health of the community.

In 2015, I visited APP again, this time simply to put myself up-to-date with the organisation’s programmes, principles and practices. I do my best not to be overly cynical about development work – yet often I know that I fail in that effort because so many relatively small-scale development initiatives fade and disappear after a few years and changes of personnel, ideas and circumstances. So it was an extremely pleasant surprise to find that APP not only continues to exist, but is also as dynamic and energetic as it had been seventeen years earlier.

One of their most impressive and recent programmes has the title AguaClara which has support from Cornell University in the United States. The programme is briefly described below.

AguaClara

The AguaClara treatment plant is an efficient solution to reduce turbidity and to disinfect water from surface sources in communities which have piped water. The plant:

  • produces clear and disinfected water;
  • does not need electricity or machinery and functions solely with the force of gravity;
  • is built using local materials;
  • generates employment in the community through the post(s) of community operators;
  • is very economical.

Communities selected for participation in the scheme:

  • have a problem of turbidity of their water supply;
  • are motivated to resolve the problem;
  • are disposed to participate in all aspects of the programme from planning and design to measuring and monitoring;
  • must have space enough to build the plant and enough volume and hydraulic pressure to raise the water two meters above the water supply tank;
  • have no alternative supply of clean water;
  • must carry out tests for heavy metals and chemicals in the water.

More details of all aspects of APP can be found on their website at: www.apphonduras.org  and details of the AguaClara  programme can be found at: http://aguaclara.cee.cornell.edu

The AguaClara programme gives an indication of how far APP’s work has developed. Back in 1999, I travelled with Andrew Trevett, a British water and sanitation engineer who worked with Agua Para El Pueblo during Hurricane Mitch in 1998, after which he sought and got funding from the British Embassy to clean out and improve many of the wells in the Honduran departments of Valle and Choluteca.

Andrew explained:

 “The vast majority of the communities in this area around Nacaome especially out in the

campo‚ do depend on community wells. It’s really vital. I go regularly to quite a few communities and they have one well with one hand pump between forty to sixty households. So it has a tremendous load on it. And if the water’s dirty, then it will affect all of them, not just one.

Building a gravity-fed system with a tank and a long pipeline takes a lot longer [than digging a well], and the idea is that every house will have a tap. So it looks like a step up in terms of development. And there’s no doubt that all of these communities in the south [of Honduras] would much rather have that sort of system. But the problem in the south is the lack of readily available water sources. You could certainly build that kind of water system if the community has an electricity supply and can afford a pump system. But very few communities have an electricity supply.”

[Andrew Trevett in interview with Martin Mowforth, 1999.]

APP continues to focus its work on one of the most basic principles of human development, the provision of clean water and effective sanitation systems. Moreover, it continues to be a source of hope for many communities in Honduras.

  • Agua Para El Pueblo: www.apphonduras.org 
  • AguaClara : http://aguaclara.cee.cornell.edu
  • ‘Storm Warnings: Hurricanes Georges and Mitch and the lessons for development’ (2001) by Martin Mowforth, Catholic Institute for International Relations. [Not available in e-book; hard copies available from the author.]

International Human Rights Clinic submits brief addressing environmental and human rights violations in Belize

Included here is a blog from Santa Clara Law’s International Human Rights Clinic.  They submitted a brief in support of BELPO’s Petition to the Inter-American Commission on Human Rights. I am grateful to Chloe Tomlinson for permission to reproduce the blog entry in The Violence of Development website.

By Santa Clara Law student Chloe Thomlinson and Prof. Francisco Rivera

On June 13th, 2018, Santa Clara Law’s International Human Rights Clinic submitted an amicus curiae brief before the Inter-American Commission on Human Rights on behalf of communities affected by the construction of the Chalillo Dam in Belize. The brief addresses novel legal issues and provides the Commission with a unique opportunity to further develop the human rights obligations of States and businesses in the area of environmental harms caused by large development projects.

Chalillo Dam in Belize.

 

Fourteen years ago, the Belize Institute of Environmental Law and Policy (BELPO) submitted a petition before the Commission alleging human rights violations caused by the approval, construction, and operation of the Chalillo Dam in the Macal River basin. Construction on the Dam began in 2002 and was completed in 2005. The petitioners allege the dam was approved in violation of applicable regulations that required, among other things, further studies on mitigation of impacts to wildlife, archaeological ruins, and the environment, as well as publication of required water tests.

People living in the Macal River Basin depend on the river for drinking water, employment, bathing, fishing, and recreation. The dam’s construction has severely damaged the Macal River and caused major, irreversible, negative environmental impacts, destroyed unique and critical habitats, and submerged unexplored Mayan archaeological sites, which are of cultural importance to the Mayan communities in the region.

On October 27, 2015, the Commission declared this petition admissible and a decision is pending on its merits.

The Clinic’s brief supports the petitioners’ allegations and argues that:

(1) Belize violated the human rights to life, health, and water by contaminating the communities’ water and food supplies and by making clean water economically inaccessible to them;

(2) Belize violated the right of access to information by failing to comply with public awareness requirements under the dam’s environmental compliance plan, provide adequate responses to requests for information, and offer an effective mechanism to guarantee the right to access information;

(3) Belize violated the right to work by negatively impacting tourism, fishing and farming in the Macal River Valley, and

(4) Belize violated the right to access to justice and judicial protection by failing to provide an effective recourse to address violations of the dam’s environmental compliance plan.

Clinic students Susan Shapiro, Chloe Thomlinson and Kyle Heitmann interviewing a local business owner in Belize.

 

Five Clinic students worked on the brief during a year-long process that included a fact-finding trip to talk to affected communities in the Macal River in Belize. “Interviewing the affected community members in Belize was an exceptional experience;” said clinic student Chloe Thomlinson, “it made the issues we were discussing all the more real and significant”. Students canoed down the Macal River with affected community members who described the negative effects the dam had on the river and on their livelihoods. Some community members, including children, developed skin rashes and stomach problems due to the contaminated water. For the community, the Macal was more than just a river; it was where they grew up, made memories, and worked, and it was a source of food and clean water.

The Clinic’s brief aims primarily to support and supplement the remarkable work that the petitioners and local NGOs have done to seek reparations for the damage done by the construction of the dam. Additionally, the Clinic expects the Commission to develop clear language on the relevant obligations States and businesses have in the area of economic, social, cultural, and environmental rights, particularly in the context of large development projects that contaminate rivers and cause harm to rural and indigenous peoples.

Read the amicus brief on Chalillo Dam in Belize.

http://law.scu.edu/ihrcblog/international-human-rights-clinic-submits-brief-addressing-environmental-and-human-rights-violations-in-belize/

Major types of Public-Public Partnerships (PUPs)

  • Partnerships between two public authorities
  • Partnerships between public authorities and communities (and/or NGOs as well as with trade unions)
  • Development partnerships (with an international dimension)
  • International associations

Source:
David Hall, Jane Lethbridge and Emanuele Lobina (2005) ‘Public-public partnerships in health and essential services’, Public Services International Research Unit (PSIRU), London.

The Mayan resistance to private concessions of rivers sees some light in Guatemala: Review of ‘Let’s Free Our Rivers’ by Madre Selva

Published on 14 March 2018 by ACAFREMIN (Central American Alliance Against Mining).

We are grateful to ACAFREMIN for permission to reproduce the article here.

Translated by Pamela Machado

The Guatemalan ecological group Madre Selva recently published a book narrating the resistance of the Q’eqchí Mayan communities from Santa María Cahabón, in the northern department of Alta Verapaz, to the Oxec and Oxec II hydro-electric projects.

The book, entitled ‘Let’s free our rivers’ and edited by researcher Simona Violetta Yagenova, aims to inform the Guatemalan population about opposition to the ‘privatisation of the rivers’, emphasising the process of ‘defence’ by surrounding communities to stop the development of projects along the Cahabón river and its tributary, the Oxec. The book, supported by the Hienrich Boll Stifting Foundation, brings a historical analysis of the ‘social fight’ against hydro-electric projects.

Both projects belong to the Energy Resources Capital Corp group, registered in Panamá, and they received definitive authorisation to operate from the Ministry of Energy and Mines on 7 August 2013 and 12 February 2015 for Oxec I and Oxec II, respectively.

The investigation narrates how, from 2012 to 2015, the population of Santa María Cahabón had suffered from assassinations and evictions of community settlers, as well as the imprisonment of some of their leaders who opposed the installation of the two projects.

The movement grew from an extensive defamation campaign, which included the criminalization of one of the directors (Bernardo Caal, detained on 5 February [2017] for supposedly committing the offenses of illegal detention and robbery), charges orchestrated by the ‘corporate’ and ‘local powers’, with the connivance of the Executive and Judiciary bodies

Photo credit: latrillamediosindependientes.blogspot.com

The Cahabón river, which is 19,596 kilometers long and spans across the north and east of the country, is made up of over 50 rivers and streams, among those the Oxec,

Canlich and Chiacté, where six hydro-electric plants are currently operating: the Renaces I, II, III and IV (owned by Multiinversiones Corp), the Oxec I and II and the Chichaic.

The construction of many dams, says the document, “seriously changes the fluvial ecosystem” around the riverbeds, “destroying habitats, modifying the flow and changing the basic water parameters.”

After a detailed analysis of the different actions, previous consultations, support and resolutions by the Constitutional entity – that in May allowed the hydro-electric station to continue working despite the fact that a prior consultation, based on ILO Convention 169, had not been held – the Madre Selva publication affirms that there were contradictions in the resolution.

The book concludes that doing “community consultations in good faith are mechanisms of social regulation, conflict resolution and decision making that are collectively built.”

Last December [2017], the Guatemalan Chamber of Industry celebrated the end of a community consultation process led by the Ministry of Energy and Mines, between September and November in 11 neighbouring communities, where they supposedly reached agreements that were then transferred to the Supreme Court of Justice. However, this process was criticised by activist groups like Madre Selva.

When presented with the results, the Minister of Energy, Luis Chang, said that the agreements delivered to the Supreme Court focus on establishing “relationships in an atmosphere of harmony”, and that the company will comply with “environmental mitigations during and after the construction and operation of the project.”

That is a statement opposed by the book ‘Let’s Free Our Rivers’ which holds that the Guatemalan state has historically “deprived the local people in successive historical periods under the flag of development and progress.”

While the Oxec I and II hydro-electric plants are expected to generate around 100 MW per year, hundreds of people and activists warn that the project has left 50 communities without water.

El Salvador urged to declare environmental health emergency in Jiquilisco Bay

By Stephanie Williamson, ENCA Newsletter No.54, November 2011

The southern zone of Jiquilisco Bay has become the country’s priority concern for human health and environmental protection due to critical levels of contamination in the watercourses and saltwater mangrove swamps. A year ago health authorities were alerted to very high incidence of kidney disease, following a survey conducted by Cuban renal experts. The survey found that 11 out of every 100 inhabitants in the Jiquilisco and Bajo Lempa areas suffer chronic renal health problems and that the incidence is particularly high among men. This compares with an incidence rate of 2 per 100 in other countries. There are suspicions that the problem may be related to contamination of water sources, including wells, by insecticides and herbicides used in cotton production decades ago. The Mayor of Jiquilisco has called for the government to declare the zone a state of emergency so that all relevant government agencies prioritise efforts to address the health problems.

The Salvadoran Waterworks Board and the Ministry of Environment are working together to provide clean drinking water as a first step. Locals are demanding a water treatment plant to be set up as they fear that many of the artisanal wells used by rural communities may be contaminated.

The Jiquilisco Bay is one of the jewels of El Salvador’s ecological crown, providing home to over 1,500 species of animals and plants, and serving as an important wetlands for migratory birds. The Bay and its 18,000 hectares of mangroves, the most extensive in all Central America’s Pacific coast, have been declared an international RAMSAR site and Biosphere Reserve. José Acosta from the Salvadoran Centre for Appropriate Technology believes the Bay area deserves permanent special attention and should become a fully protected ecological reserve.

An independent Salvadoran research unit has now detected residues of 10 prohibited pesticides in water samples and evidence that empty pesticide drums are being used to store water for drinking purposes for humans and cattle. The expanding sugarcane cultivation is being blamed for a current wave of pesticide contamination, with run-off draining into the mangrove forests. Ecosystem degradation, along with deforestation by the large-scale shrimp farming industry, has led to an 80 per cent reduction in mangroves in recent years.

So far in 2011 the authorities have distributed 4,000 household water filter units and have submitted for presidential approval plans for a larger programme for drinking water supply. The government awaits news of a US$5 million World Bank project to restore ecological health in Jiquilisco and support employment and local fishing livelihoods.


Sources:
‘El Salvador: Bahía de Jiquilisco con residuos de plaguicidas’, La Prensa Gráfica, 7th October 2010.
‘ANDA en busca de solución de corto plazo’, La Prensa Gráfica, 7th March 2011.
‘Pobladores y autoridades preocupados por casos de deficiencia renal en Jiquilisco’, La Pagina.com 8th August 2011.

La resistencia maya a la concesión privada de los ríos ve la luz en Guatemala: Revista de ‘Liberemos Nuestros Ríos’ por Madre Selva

Publicado 14 de Marzo 2018 por ACAFREMIN (Alianza Centroamericana Frente a la Minería). 
Les estamos agradecidos a ACAFREMIN por el derecho de reproducir el artículo aquí.

El colectivo guatemalteco ecologista Madre Selva publicó hoy un libro en el que narra la resistencia de las comunidades mayas Q’eqchi’ de Santa María Cahabón, en el departamento norteño de Alta Verapaz, a los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II.

La obra, titulada ‘Liberemos Nuestros Ríos’ y editada por la investigadora Simona Violetta Yagenova, tiene como objetivo “nutrir” a la población guatemalteca sobre la oposición a la ‘concesión privada de los ríos’ con énfasis en el proceso de ‘defensa’ que han realizado las comunidades aledañas para impedir que se desarrollen los proyectos en los ríos Cahabón y su afluente Oxec. El libro, que contó con el apoyo de la Fundación Hienrich Böll Stiftung, realiza un análisis histórico de la ‘lucha social’ de los dos proyectos hidroeléctricos.

Ambos pertenecen al grupo Energy Resources Capital Corp., registrado en Panamá, y obtuvieron la autorización definitiva para operar del Ministerio de Energía y Minas el 7 de agosto de 2013 y el 12 de febrero de 2015 para Oxec I y Oxec II, respectivamente.

La investigación narra cómo desde el año 2012 al 2015 la población de Santa María Cahabón habría sufrido asesinatos y desalojos a pobladores de la comunidad, así como el encarcelamiento de algunos de sus líderes que se opusieron a la instalación de dichos proyectos.

Fotografia por: latrillamediosindependientes.blogspot.com

El movimiento, añade, emergió y se desarrolló a pesar de una extensa campaña de difamación, que incluye la criminalización de uno de sus dirigentes (Bernardo Caal, detenido el pasado 5 de febrero por supuestamente haber cometido los delitos de detención ilegal y robo), orquestada por ‘el empresariado’ y ‘los poderes locales’, con la connivencia de los organismos Ejecutivo y Judicial.

Del Río Cahabón, que cuenta con una longitud de 195,95 kilómetros entre el norte y el oriente del país, se desprenden más de 50 ríos y arroyos entre los que se encuentra Oxec, Canlich y Chiacté, en los cuales operan actualmente seis hidroeléctricas: las Renaces I, II, III y IV (de la Corporación Multiinversiones), los Oxec I y II y la de Chichaic.

La construcción de varias represas, señala el documento, “altera gravemente el ecosistema fluvial” alrededor de los cauces, “destruyendo hábitats, modificando el caudal y cambiando los parámetros básicos del agua”.

Tras un análisis detallado de las diferentes acciones, consultas previas, amparos y resoluciones del ente Constitucional -que en mayo pasado resolvió que la hidroeléctrica podría seguir trabajando pese a no haber esperado a la consulta previa basada en el Convenio 169 de la OIT- la publicación de Madre Selva asegura que hubo contradicciones en la resolución.

El libro concluye que “las consultas comunitarias de buena fe constituyen mecanismos de regulación social, resolución de conflictos y toma de decisiones que se construyen colectivamente.”

En diciembre pasado [2017], la Cámara de la Industria de Guatemala celebró el fin a un proceso de consulta comunitaria que encabezó el Ministerio de Energía y Minas entre septiembre y noviembre pasados en 11 comunidades aledañas, en los que supuestamente se llegaron a acuerdos que fueron trasladados a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, dicho proceso no fue bien recibido por colectivos de activistas, como Madre Selva.

Según dijo al presentar los resultados el ministro de Energía, Luis Chang, los acuerdos entregados al poder Supremo se centran en constituir “relaciones en un ambiente de armonía” y que la empresa cumpla con “mitigaciones ambientales durante y posterior a la construcción y operación del proyecto.”

Una afirmación a la que se opone el libro ‘Liberemos Nuestros Ríos’, el cual sostiene que el Estado guatemalteco, históricamente, “ha despojado a los pueblos originarios en sucesivos periodos históricos bajo el lema del desarrollo y el progreso.”

Mientras las hidroeléctricas Oxec I y II guardan la esperanza de generar unos 100 MW anuales, han sido centenares de pobladores y activistas los que advierten que el proyecto ha dejado sin agua a unas 50 comunidades.

The power that makes pitchers overflow and rivers flood their banks

By Erasto Reyes, an organiser, lawyer and member of Bloque Popular, a national mobilising organisation in Honduras.

Extracts from ‘Changing the Flow: Water Movements in Latin America’, a report by Food and Water Watch, Red Vida, Transnational Institute, The RPR Network and Other Worlds, 2009.

We have been working on water since 2000, when we began our struggle against the privatisation of public services – energy and telecommunications. But water has been our greatest focus. Water ignited our struggles in Latin America: the struggles of the Bolivians, the Argentineans, the Uruguayans; the proposals that come out of Venezuela, the experiences in Brazil. These struggles have filled us with hope, and they are why there has been growing popular mobilisation throughout Central America.

… When Central America makes the news, it’s for serious and nasty issues like drug trafficking or natural disasters like Hurricane Mitch. But it doesn’t appear, for example, when in countries like El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, and Costa Rica, people are reclaiming the human right to water.

In Central America, we have serious problems with sanitation and water supply. Honduras is one of the countries with the largest water reserves in Central America, but the state has no policies to ensure access to water and sanitation. … Water, from our point of view, is a heritage of humanity just like land.

Water is linked to land, and also linked to health. … You could say that the water wars of South America have arrived at our doorstep. The water war in Bolivia gave us a profound conviction to fight water privatisation. We have gone beyond simply protesting in the streets and are developing alternative proposals to meet the needs of our people. We are expanding the spaces where people can participate politically. … This has allowed the social movement fighting for water to cross borders, to move beyond the limits of our villages and towns. We are seeing this in the determined efforts of every country in South America, in Central America and Mexico, and – why not mention it? – in the United States and other countries as well. The people have governments but, until now, with only a few exceptions, the people do not have power. …

What a law says, what a decree says, what the UN says, or what divine grace says, is not enough. We have to make water a human right. …

Guatemala: teleSUR Correspondent Attacked By Men With Machetes

The report on the need for Mayan resistance to the Oxec (and other) hydroelectric projects – also reported in this month’s additions to The Violence of Development website – is supported here by a teleSUR report on violence suffered by one of its journalists investigating the illegal logging and other damages done by the Oxec hydroelectric project. 

teleSUR, 24 August 2018 

Rolanda de Jesús García Hernández was filming the consequences of alleged illegal logging by a hydroelectric company when men threatened her with machetes. A teleSUR correspondent in Guatemala, the Indigenous Mayan K’iche journalist Rolanda de Jesús García Hernández, was attacked and robbed of her equipment while reporting on a hydroelectric project and illegal logging by unknown attackers who threatened to kill her.

García and another teleSUR correspondent, Santiago Botón, were summoned by the Q’eqchi’ community authorities of Sacta, on Cahabón’s riverside, to investigate illegal logging believed to be connected to the Oxec hydroelectric project. García travelled there to meet with local authorities, who accompanied her investigation on August 21 [2018].

García, with community leader Francisco Tec, walked for an hour to reach a community on Sacte mountain which has been severely affected by logging. Once there, they interviewed locals and filmed some of the affected areas for a T.V. reportage.

“The people were very worried; we interviewed them on the stop, as part of my job,” García told a press conference on Friday. “I managed to film some images, some shots with the locals. At the other side we saw there were some employees from the Oxec company. After a few minutes, they started yelling at us.”

The employees then approached the reporting team and tried to take the cameras. They then shouted sexually suggestive threats at García in Spanish.

The reporting team decided to leave the area, but got separated. García stopped at a small river, where she was surrounded by six men who threatened her with machetes.

“Employees of the Oxec Hydroelectric detained the journalist Rolanda de Jesús García, along with community members of Sacte in the Cahabón municipality, Alta Verapaz. The journalist was doing her journalism work when detained.”

García sent a text message just after 3 p.m. local time, saying: “In Cahabón, just informing you I’m in an ugly place, they want to take the camera away.” The attackers then seized the camera and threw it into the river.

“Our boss gets mad when someone enters his private property,” one of the men told García, stressing that the group knew who she was and where to find her. After threatening to rape and kill her then throw her body into the river, the men finally released García when she promised never to return. The incident has been reported to police.

People living on the Cahabón river say erosion and flooding have increased dramatically with the illegal logging allegedly related to the Oxec hydroelectric company, but the government is ignoring their plight.

“We can’t remain silent, it’s important to denounce this truth,” García said. “We’ve been the witnesses of several arrests and criminalization against the leaders, and now the press is being persecuted.”

“I fear for my life. I was warned they know who I am and took pictures and video of me. I was threatened and I was told their boss would have the files” – Rolanda García Hernández, teleSUR correspondent.

Guatemala’s social leaders, especially those involved in human rights and environmental issues, are often criminalized by the government and private companies whose economic interests are at stake, occasionally resulting in murder.

García said: “It would seem like it’s a confrontation between brothers and sisters, but we know this persecution comes from groups that are behind all these actions because when the communities try to speak to the cameras, the radios, to denounce, what they immediately receive is persecution. We’re also at risk.”

Several Guatemalan and international alternative media outlets and human rights groups are standing in solidarity with García, condemning the attack and demanding the Public Ministry prevent such assaults on freedom of speech.

The Oxec Hyodroelectric has denied any responsibility for the incident or having knowledge of García’s journalistic work.

Infant mortality rates

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Source: United Nations World Population Prospects: 2011 revision.

Notes:
The Infant mortality rate (IMR) is the number of deaths of infants under one year old per 1,000 live births.
The figures given in the table relate to the last three year average.