“En toda América Latina hay resistencia contra las represas” – Gustavo Castro, ecologista

Activista señala que desarrollo continuo de megaproyectos hidroeléctricos agrava el cambio climático.

Por Vinicio Chacón, Semanario Universidad (Costa Rica) | vinicio.chacon@ucr.ac.cr

Sep 21, 2016

Palabras claves: Berta Cáceres; COPINH; criminalización; hidroelectricidad; cambio climático; Protocolo de Kioto; tratados de libre comercio.

El ecologista mexicano Gustavo Castro ganó notoriedad por ser el único testigo del asesinato de la líder indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo [2016].

Castro es dirigente de la organización Otros Mundos – Amigos de la Tierra y con calma pero con contundencia abordó el asesinato y la increíble manipulación del caso que hizo el sistema judicial hondureño, buscando inculpar a activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Desde esa organización, Cáceres lideró la lucha del pueblo indígena lenca contra el proyecto hidroeléctrico (PH) Agua Zarca, de la empresa desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

De vista en Costa Rica para participar en el II Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales (COLCA), Gustavo Castro conversó con UNIVERSIDAD en una entrevista coordinada a través de la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON).

¿Cómo despertó su conciencia ecologista?

-Fue un proceso de muchos años de pasar en la participación en cooperativas, trabajé mucho tiempo con refugiados guatemaltecos que habían venido de la guerra. El salto a la lucha ambiental se da en la década de los 90, cuando empiezan a llegar al país muchos proyectos de inversión después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ALCA), favoreciendo obviamente a las transnacionales y al saqueo del país.

-Eran de la nación el petróleo, el gas, el uso del agua, la electricidad, etc. No es que no habían conflictos, pero cuando pasan a manos de las corporaciones, exigen todavía más condiciones favorables de inversión. Empiezan a modificarse la ley de Aguas y la ley Minera para entregar a las grandes empresas mineras la explotación del oro, de la plata, de minerales estratégicos del país; ahora con la reforma energética, también el petróleo y el gas. Esto de alguna manera empieza a impactar cada vez más el medio ambiente, ahí empieza una lucha con mayor fuerza en torno a la defensa de los territorios; pero también cuando empezamos a ver la deforestación que causa la infraestructura para favorecer las inversiones, no solamente en mi caso, sino también en comunidades campesinas e indígenas empieza a haber una consciencia más grande sobre el impacto ambiental.

¿Cuándo se empiezan a dar los contactos con el COPINH y Berta Cáceres?

-A Berta la conocí en 1999, cuando empezamos a convocar muchos procesos de resistencia, entre ellos la creación de la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, el Encuentro Hemisférico Contra la Militarización, o el encuentro contra el Plan Puebla Panamá. Organizábamos todos esos encuentros en Chiapas; después los replicábamos en Honduras. Se hizo toda una relación en torno a los procesos de resistencia en los que participábamos no solamente nosotros y el COPINH, sino toda la región en Mesoamérica. Había mucha afinidad en el proceso de construcción del movimiento con Berta y el COPINH desde hace más de quince años.

¿Cuál es la lección más importante que se puede extraer de la historia de Berta Cáceres?

-Se me hace muy difícil decir una sola cosa, porque era una persona muy compleja, en el sentido de que era muy rica, una persona muy coherente que tenía la capacidad de análisis estructural; también podía tener una interlocución muy fuerte tanto con académicos como con congresistas, y al mismo tiempo estaba en la movilización con la gente.

-Fue sumamente respetuosa y muy tenaz, era una mujer muy valiente, siempre estaba al frente de todas las manifestaciones del COPINH. Berta fue muy coherente en su análisis, su discurso y su actitud con los pueblos y con el movimiento.

-Con el asesinato de Berta, su personalidad renace en todos lados. Como decimos, Berta no murió, se multiplicó, su presencia es muy fuerte.

-Fue una persona muy feliz, era muy optimista pese a todas las adversidades, ya que recibió muchas amenazas e intentos de asesinato.

Luego de perpetrado el asesinato y de que los sicarios le dieran a usted por muerto también, ¿qué actitud tuvieron las autoridades?

-Creo que lo primero que sorprende es que hubiera un testigo, que no esperaban. Llegué un día antes a La Esperanza (donde vivía Cáceres), entonces creo que nadie más que el COPINH y Berta sabía que yo iba a estar ahí. Me parece que pretendían que fuese un asesinato limpio, donde ella estaría sola en su casa. Cuando se dan cuenta de que hay un testigo, tienen que modificar el escenario y empezar a inventar ya la forma cómo criminalizar al mismo COPINH. No lo logran, entonces buscan cómo criminalizarme a mí.

-No pudieron presentarle a la familia, al COPINH y tampoco a la comunidad nacional e internacional una versión creíble, cuando había tantos antecedentes y estaba tan claro el origen del problema.

-Es por ello que de alguna manera intentan retenerme de manera ilegal en el país para buscar la forma en cómo imputarme. Al final a los que acaban sacrificando es al gerente de la empresa, al ejército y a los sicarios. Sabemos que no son los únicos que están involucrados.

-El trato que me daban era como de una ficha, como de objeto de prueba, violando mis derechos humanos pero también muchos procedimientos judiciales. Todo el mundo sabe porque en la prensa salió cómo se alteró la escena del crimen. En todos esos primeros días hubo muchísimas irregularidades en el proceso de investigación.

Incluso cuando hace el retrato hablado, el artista dibuja a otra persona.

-Yo no sabía que mientras estaba en el Ministerio Público, habían detenido a un miembro del COPINH a quien intentaban culpar. Efectivamente, mientras yo estaba sin dormir, herido y con toda esa tensión, me traen a la persona que hace el retrato hablado. Yo le decía que así no era, lo borraba y volvía a dibujar lo mismo.

-Me dijeron en varias ocasiones que me podía ir. Yo obviamente estaba dispuesto a ayudar en todas las diligencias, aunque me tuvieran sin comer, sin dormir, sin una frazada si quiera; de cualquier manera yo iba apoyando, dejé mi ropa ensangrentada. Una forma como intentaron imputarme es que me robaron la maleta, que dejé en la casa de Berta, había obviamente la posibilidad de sembrar cualquier cosa que me pudiera inculpar – hasta la fecha no me la han entregado.

-No hicieron ninguna cadena de custodia aunque yo lo reclamé ante a fiscal, el Ministerio Público, la abogada de la Comisión de Derechos Humanos de Honduras, todo el mundo es testigo de que pedía copia de mi declaración ministerial y no me la daban – la copia de mi declaración ante la juez, y no me la daban; pedía que me regresaran mi maleta, igual. Era un cinismo de violación total al Código Procesal, al Código Penal, a los derechos humanos.

-Incluso no había una formalidad en el reconocimiento de las caras. Me pusieron al principio fotografías y videos del COPINH para que dijera si ahí estaba el culpable del asesinato.

-Se dan muchas irregularidades en este proceso y por ello el gobierno decreta que todas esas diligencias ministeriales se mantienen en secreto.

-En el caso del secuestro de Estado en el aeropuerto, me regresan otra vez a que hiciera más careos. Luego estuve en la casa del Embajador de México un mes, hasta el último día, sin que me dieran ninguna explicación de para qué me querían, sin que me entregaran incluso copia de la resolución de la juez donde decretaba mi prohibición de salir del país, y ante la insistencia de la abogada ante tal anomalía jurídica, tal ilegalidad, la juez suspende a mi abogada de su ejercicio profesional.

Posteriormente las autoridades relacionaron a funcionarios de la empresa DESA  y de la institucionalidad militar con el asesinato, pero usted ha dicho que va más allá?

-No lo digo yo, lo dice la prensa, lo dice COPINH, lo dice la familia, incluso hubo un atentado contra un periodista que explicó muchas de las relaciones y vinculaciones de jueces y de políticos en el problema.

Ha afirmado que considerar la energía hidroeléctrica como limpia es una “estúpida idea”, lo cual es un gancho directo a la quijada del orgullo costarricense de producir energía de esa manera.

-No solamente en Costa Rica, sino en toda América Latina, que por décadas asoció siempre las hidroeléctricas con el  desarrollo limpio.

-Si en Costa Rica no lo saben, que sepan que hay una resistencia impresionante en toda América Latina, de cantidad de pueblos que han sido desplazados y asesinados, que no ha habido una experiencia de reubicación adecuada ni tampoco de indemnización. Incluso la misma Comisión Mundial de Represas que financió el Banco Mundial, en el 2000 sacó un informe donde dicen que el 60% de las cuencas del planeta han sido represadas, que el 30% de los peces de agua dulce se han extinguido por causa de las presas que generan el 5% de los gases de efecto invernadero, que se han construido más de 50.000 grandes represas en el mundo, que los países quedaron sumamente endeudados con el Banco Mundial, que el 30%  de las represas en el mundo no han generado la energía que debían generar, que desplazaron a 80 millones de personas en todo el mundo inundando pueblos y ciudad. Eso lo dice toda la evidencia en el mundo y en toda América Latina, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Panamá y en México hay resistencia contra las represas.

-A partir de ese informe el movimiento social contra las represas dijo “tenemos que desarticular ese discurso”, un discurso en donde hidroelectricidad es igual a energía limpia, cuando ha generado todos esos desastres, incluso desaparecido manglares, han desaparecido cuencas enteras por la construcción de represas.

-Con el Protocolo de Kioto vuelven  otra vez a intentar reposicionar a las represas como energía limpia, en el sentido de que los países del Norte, para intentar reducir los gases de efecto invernadero, buscan suplirlo con inversión en energía limpia. Entonces si tengo que eliminar en el Norte diez toneladas de CO2, no lo elimino; mejor construyo una represa que según yo va a eliminar esas diez toneladas, las va a ahorrar en energía limpia.

-Los efectos de las represas en el mundo son desastrosos. ¿Cómo generar entonces otro paradigma de energía limpia? Ese es el gran problema; pero no construyendo, bloqueando más cuencas, desplazando más pueblos, lo que además favorece a las empresas constructoras de represas en todo el mundo. Hay otras formas y mecanismos de generar energía limpia. Incluso en Europa y Estados Unidos están desmantelando represas. Pero sí hay que construirlas en el Sur con la idea de que es energía limpia, sustentable y verde, pero es la energía más sucia que ha generado todos estos impactos socio-ambientales.

¿Están la mentalidad ecologista y ese nuevo paradigma para producir energía que usted menciona perdiendo el pulso contra la ideología extractivista, de la cual la construcción de represas es parte?

-Creo que más bien se está fortaleciendo mucho la resistencia. Incluso ha logrado detener muchos proyectos hidroeléctricos en Brasil, México, en muchos lugares.

-El gran reto que tenemos es cómo las mismas comunidades van construyendo alternativas distintas de desarrollo. Fui al COPINH como invitado para que reflexionáramos sobre otros modelos y mecanismos de generar energía limpia, autónoma, comunitaria que sirva a los pueblos, no inundando los territorios del COPINH para las zonas económicas especiales, para los proyectos mineros. Por ejemplo, la lixiviación del oro puede gastar según el tamaño de la mina, unos dos, tres millones de litros de agua cada hora. Necesitan represas y grandes cantidades de energía.

-El uso de energía y de agua se requiere para monocultivos, para parques industriales, para ciudades modelo, para incluso grandes centros turísticos, grandes hoteles, para la industria automotriz; y al final de cuentas los pueblos son los que pagan el precio de ese supuesto desarrollo.

¿Hasta qué punto todo ese proceso es impulsado por tratados de libre comercio? ¿Es realista esperar que los países denuncien esos tratados y se de espacio a un nuevo paradigma de generación de energía?

-Es un reto. La responsabilidad no es solamente de las poblaciones indígenas y campesinas de advertir y resistir a esto. Ciertamente los tratados de libre comercio aceleran este proceso y no solo los tratados, sino el supuesto Protocolo de Kioto.

-Los tratados de libre comercio abren las puertas a las inversiones: si antes no había diez parques industriales, ahora ya los hay y requieren agua y energía; si antes no había una empresa automotriz europea, japonesa, norteamericana en nuestro país, ahora ya hay tres, cuatro o cinco, y requieren agua y cantidades de energía. Si antes no había plantaciones de monocultivos y ahora sí, como Monsanto en zonas que requieren grandes cantidades de agua, pues ahora ya los hay. Si antes no existían proyectos mineros que requieren grandes cantidades de agua y energía, ahora ya los hay.

-Los tratados de libre comercio aceleran la necesidad de agua y energía, porque aceleran la inversión en todo este tipo de megaproyectos que requieren de estos insumos.

¿Está el acuerdo de París en la misma línea que el protocolo de Kioto?

-Sí, al final de cuentas no tocan de fondo el problema y siguen viendo la manera de cómo seguir dando paliativos, como pasó con el Protocolo de Kioto: quince años después lo aprueban, después de que se anuncia la urgencia, y aceptan reducir 5% el gas efecto invernadero no tras esos quince años, sino de quince años atrás – cosa que se pasa de absurda.

-Luego ese 5% ni siquiera lo voy a reducir; voy a buscar como lo compenso. Sigo produciendo toneladas de CO2 y mejor compro la selva de Costa Rica, los servicios ambientales, que respire diez toneladas. Entonces contaminación igual a cero: acá produzco diez, allá respiro diez; compro para respiración y le ponemos bonos de carbono o muy elegantemente economía verde.

-Lo mismo está pasando con todas las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) que ha habido. No ha sido otra cosa más que ir posponiendo y posponiendo sin llegar al fondo del problema.

¿Cuál es el fondo del problema?

-Tenemos que cambiar el paradigma del sistema; tenemos que detener desde el origen el cambio climático y eso implica no solamente este capitalismo atroz, sino la contaminación que generan los países más desarrollados: entre el 60% y el 66% de los gases de efecto invernadero del planeta.

-Tenemos que detenerlo y como decía Berta, ya no hay tiempo. Dijo una frase muy bonita: “despertemos humanidad”. Creo que el problema es sistémico, es planetario y tenemos que tomar consciencia de la necesidad de cambiar este paradigma de desarrollo.

©2015 Semanario Universidad. Derechos reservados. Hecho por 5e Creative Labs, Two y Pandú y Semanario Universidad.

Reproducido aquí con permiso de Vinicio Chacón

Oqueli Dominguez, a Guapinol land and water defender, killed in Honduras

The Violence of Development website has reported on the struggles of the Guapinol water and environment defenders on numerous occasions in the past. Now, further to our reports on mining-related assassinations in Guatemala and Honduras and specifically in the article entitled ‘In Honduras, the killings continue’, here we tragically have to report on the assassination of Oqueli Dominguez, one of the Guapinol human rights defenders. We reproduce here extracts from the notification of Oqueli’s murder by Rights Action, a US/Canadian human rights organisation that focuses especially on abuses of communities and environments by US and Canadian transnational mining corporations. We are grateful to Rights Action for their generalised permission to use their material.

https://rightsaction.org

 Rights Action, June 19, 2023

https://mailchi.mp/rightsaction/oqueli-dominguez-killed-in-honduras

On June 15, 2023, yet another Guapinol human rights defender was killed, deadly repression that is linked to the mining interests in Honduras of Nucor Corporation (the largest U.S. steel producer).

With many indications it was a planned assassination, the attack and killing occurred at 10:30am at the family’s house, carried out by two armed subjects riding a motorcycle. Honduras Now (@HondurasNow) tweeted that Catalina Ramos, Oquelí Domínguez’s mother, was also injured in the attack. The hitman opened fired on their house. Ramos is currently receiving medical attention for her injuries. Oquelí (shown here) was 42 years old.

The Municipal Committee in Defence of Commons and Public Goods of Tocoa decries the murder of Oquelí Domínguez, older brother of Aly Domínguez (murdered on January 7), younger brother of Reynaldo Domínguez, a land defender recognized internationally in the Guapinol struggle for territory, water, and environment.

Los Pinares mining project, operating inside a protected area National Park.
Photo: Lenin Pérez

Oqueli is a member of the Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Publicos de Tocoa, and his family is one of the most prominent in the struggle of the community of Guapinol for the defence of the Guapinol and San Pedro Rivers.  His older brother, Aly Dominguez, was murdered on January 7th 2023 and his younger brother, Reynaldo Dominguez, was criminalized, deprived of liberty and has suffered threats and assaults for years.”

Now, two brothers from the same Guapinol family have been murdered. The third brother –Reynaldo – was one of close to 30 Guapinol land defenders jailed – some for over 900 days– under trumped up criminal charges.

When will mining-linked crimes and repression against the residents of Guapinol and the municipality end?


Rights Action cites the following references as giving the necessary background to understanding the case of the Guapinol defenders.

The Struggle to Defend Water in Guapinol
Honduras Now Podcast, Jan. 15, 2021, https://www.hondurasnow.org/episode-14-the-struggle-to-defend-water-in-guapinol/

Hidden connection between a US steel company and Los Pinares mine in Honduras
By Jennifer Ávila and Danielle Mackey, Univision, November 9, 2020, https://www.univision.com/univision-news/latin-america/the-hidden-connection-between-a-us-steel-company-and-the-controversial-los-pinares-mine-in-honduras

The Guapinol community, on the country’s north coast, has become militarized in an effort to defend the river that supplies it
By Nina Lakhani, The Guardian, 6 Oct 2020, https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/how-honduras-became-one-of-the-most-dangerous-countries-to-defend-natural-resources

More information
Karen Spring, Honduras Now
https://www.hondurasnow.org/; https://twitter.com/HondurasNow

 

Belize: Little Rain; Stagnant; polluted rivers; dengue

Sad state of our Belize rivers.  

Editorial Amandala— 31 August 2019

We are grateful to Amandala, in the form of editor Russell Vellos, for permission to reproduce this editorial piece here. Amandala is a Belizean tabloid newspaper; published twice weekly, it is considered the “most widely circulated newspaper in Belize”. https://www.amandala.com.bz 

On the environment and health fronts, it has not been a good year. We are a little past halfway through 2019 and we are in a drought that’s beginning to compare with 1975:  at least two of our rivers have never been this unhealthy, and we are in the middle of a frightening dengue outbreak. We are also in the midst of making final preparations for that time of year, our nervous annual storm watching season. We normally don’t look favourably at weather systems coming off the west coast of Africa, but this year we might welcome a storm, if it doesn’t reach Category 1, and if it throws some, not too much, water our way.

The big drought of 1975 drove a lot of small farmers backward because, at the encouragement of the Marketing Board and the Ministry of Agriculture, they had taken loans from the DFC to expand their farms using improved technology. Farmers in the Cayo District, especially, borrowed money to bulldoze small parcels, prepare the land with rubber wheel tractors, and purchase fertilizers and seeds. They ended up owing, and many of them never recovered. The interest on their loans ate them up. They would never venture past plantation (milpa) agriculture again.

Grain production has largely been taken over by the Mennonite group, and they have been hard hit by the lack of rain this year. The good news is that many in this group are not as vulnerable as were the small farmers in Cayo back in 1975. It has been a bad season, especially for farmers producing crops in the grass family.

For nearly three decades citizens living along or near the Macal River have been pointing out that the river was in danger. The Macal has been dammed three times, with the Mollejon in the 1990s, the Chalillo in the 2000s, and the Vaca, around 2010.

There were some questions asked when the Mollejon, a run-of-river dam with limited water storage capacity, was built, but when the talk began for the construction of the Chalillo dam, designed to store water to be released to the Mollejon in the dry season, there were major challenges.

Some experts knew that this second dam could seriously impact the Macal River, negatively, and some argued that the impacts would be catastrophic, that the beauty and the quality and the life of the river would be ruined. Many also expressed concerns about the site of the dam. It was argued, some say proven, that claims that the dam was being constructed on granite rock were false.

After successfully navigating through the courts – the challengers to the Chalillo dam took the matter all the way to the Privy Court – another dam to store more water, the Vaca, was constructed on the Macal. The experts might know if it is one, two, or all three that killed the river.

A very famous Belizean said, “Progress Brings Problems.” Many knew the dams would cause problems, and a few of them have never wavered from keeping their concerns in front of the authorities and the Belizean people.

For a long time the leaders for the protection of the Macal River have been George and Candy Gonzalez of BELPO (Belize Institute of Environmental Law and Policy). They were among those who challenged the construction of the Chalillo dam, and they were upfront with their views when the Vaca dam was proposed too.

The website, www.waterpowermagazine.com, in the story, “Vaca dam challenge goes to court”, said that BELPO had “gone to the court for an injunction, as well as a compliance order (or writ mandamus), ordering the Department of the Environment to enforce the country’s environmental laws. The plaintiffs maintain that there should be no talk about building a third dam at Vaca when the environmental compliance plan for the second dam, Chalillo, is not being complied with.”

In a March 29, 2019 letter to the Amandala, “20 Years of Misinformation”, one of many letters that BELPO has sent to this newspaper over the years, the organisation said, “Those who pushed for the deal to build the dams on the Macal River, three politicians and a senator, have no shame as to what their actions have cost the people along the Macal and Belize Rivers.

“The water in the Macal River is polluted and people shouldn’t drink it or swim in it. Many of the fish in the river have high levels of mercury, which affects the central nervous system and is most dangerous to children and pregnant women. There is still no workable dam break early warning system.”

A footnote to the letter pointed out that Dr. Candy Gonzalez was “one of two NGO representatives on the National Environmental Appraisal Committee (NEAC) for over 7 years and was the sole ‘no’ vote in the 10-1 decision to give environmental clearance for the Chalillo Reservoir/Dam.”

The water is behind the dams now, a done deal, and the Macal River has become a stagnant waterway, with the beauty gone, with fish with mercury levels that make them inedible, with water lilies growing in pools of dead water where once there was a vital, flowing stream. All that can be considered at this time are measures to mitigate the damage, as much as possible. This calls for honesty and urgency on the part of our environmental and agricultural scientists, and engineers.

The New River has been spitting up dead fish during the dry season for decades, and everyone knew that there were things going on in that river that were similar to what happens sometimes to the Crooked Tree Lagoon. Whenever rains are below normal, especially in periods that can be considered as drought conditions, there is oxygen starvation and this is evidenced by fish dying.

On the New River it goes a lot deeper than oxygen starvation. The story there is also about serious pollution. When the crocodiles have belly ache you know you have a very serious problem. Dr. Marisa Tellez, the Executive Director of the Crocodile Research Coalition, in a story reported on Channel Seven News, said she has been studying the crocodile population in Belize and what they found with the crocodiles in the New River was disturbing.

Dr. Tellez said, “We were finding crocodiles that were highly lethargic. Their skin was peeling off. Their skin was turning a whitish-bluish tone. We found many young crocodiles with no teeth.”

Most everyone knew there were things going on with the New River that were different from what was going on in the Crooked Tree Lagoon, and the lack of rain this year has forced these issues to the fore. The New River is being assaulted by factory effluent, human waste, and waste from agricultural developments. There is another task here for environmental and agricultural scientists, and engineers.

The problems on the Macal and New rivers are not the only environmental concerns for this country. There are other rivers/creeks that are under siege, there is concern for the quality of the sea in front of Belize’s largest population centre, Belize City, and there is concern that ships coming to our country might not be respecting our environmental laws.  Our authorities have their triumphs, one of them being a far more advanced system for solid waste disposal, but for the most part they seem overwhelmed, and failing.

Another huge problem for Belize at this time is a scary dengue epidemic that is already a horror story. Reports are that we have nearly 2,000 cases this year, far more than double any previous year, and the experts are saying that when the rains come, to help our farmers, we might see an increased incidence of dengue.

Dengue is a debilitating, sometimes fatal disease. The WHO (World Health Organization) says that in 1970, “when Latin America lived largely dengue-free, the region only had the DEN-2 serotype. Then DEN-1 entered the scene in 1977, followed by DEN-4 and a new strain of DEN-2 in 1981, this last virus triggering the Cuban epidemic. DEN-3 was the most recent virus to reappear, after many years absence.

“While infection by one dengue virus provides lifelong immunity to that serotype, it increases the risk of severe illness when an individual is later infected by any of the other dengue serotypes. As a result, hyperendemicity – the circulation of multiple serotypes – produces more DHF cases and more deaths.”

The problems with the Macal and New Rivers, and the dangerous dengue situation, are not going away by themselves. The response of our authorities is wanting.

https://amandala.com.bz/news/rain-stagnant-polluted-rivers-dengue/

The Sorry History of the Chalillo Dam in Belize

The version of this ‘Sorry History’ that was given in the book was much abridged. This version is the full version as given by Probe International.

Chalillo-photo2-090803

  • The campaign to stop the Chalillo dam begins in 1999.Poster against the Chalillo Dam
  • Environmentalists warn that Chalillo will destroy endangered species’ habitat and major Maya archeological sites, be technically compromised, and uneconomic. Fortis perseveres nonetheless.
  • Canadian International Development Agency (CIDA) secretly pays AMEC, a Montreal-based engineering firm, $250,000 to prepare a feasibility study of Chalillo justifying construction. U.S. author Bruce Barcott calls the report “a masterpiece of spin and obfuscation.”
  • AMEC fails to record geological faults and fractures in the project area and says bedrock at the dam site is “granite.” In fact, it is sandstones interbedded with soft shales which have poor load-bearing capacity.
  • London’s Natural History Museum hired by AMEC, predicts the demise of threatened species, and advises against construction of dam. Fortis ignores the warning.
  • Probe International demands that CIDA recall AMEC’s report and notify the Belize authorities that its conclusions are invalid. CIDA denies responsibility.
  • Environmentalists launch lawsuit in the Supreme Court of Belize which is then appealed to the Privy Council, Belize’s highest court of appeal, and loses by a slim margin.
  • Fortis completes construction of the Chalillo dam in 2005 and impoundment begins.
  • Fortis fails to fully comply with its legally required environmental compliance plan. In July 2007, Belizean environmentalists sue and win court case, ordering the government to monitor water quality in the Macal River, establish an emergency warning system to protect downstream residents in the event of a dam break, monitor levels of mercury in the fish and inform the public of findings.
  • Macal River water quality declines. Swimmers and bathers complain of stomach problems, itchy skin, and skin rashes.
  • Authorities warn people not to eat fish from the river because of possible contamination from methyl mercury, a toxin formed through bacterial synthesis in flooded soils and vegetation, which attacks the central nervous system in humans.
  • Sharon Matola, Director of the Belize Zoo and Tropical Education Centre, reports that Scarlet Macaws still return to try and nest along the Macal River and its tributary, the Raspaculo, but their nesting trees are gone and the reservoir becomes “a big mud-hole” every dry season. Nesting boxes the government nailed to trees as a substitute are, says Ms. Matola, a “total failure.” BirdLife International predicts the Scarlet Macaw population will die out within a few years due to habitat loss and poaching by the recent influx of dam construction workers.
  • Under Fortis’s monopoly, Belizeans now pay more for their electricity than consumers in other Central American countries.
  • Summer 2009, shock sediment discharges begin to flow down the Macal River from the Chalillo dam, contaminating the river and marine systems downstream.
  • Belize environmentalists seek an injunction in the Supreme Court of Belize to stop the release of sediments.
  • September 2009, Belizean authorities discuss shutting down Chalillo’s operations to stop the sediment pollution

Written by Probe International, December 2009

www.probeinternational.org

Anyone interested in the story of the Chalillo Dam are referred to the interview with Candy Gónzalez, in the Belize set of interviews

Photos: River turbidity below the Chalillo Dam

chalillo-photo1 Chalillo-photo2-090803 chalillo-photo3-SanIgnacio-090808

IACHR: Human Rights Violations by the Chalillo Dam – 11 years on

In 2004, a petition against the construction of the Chalillo Dam in Belize was presented to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) on behalf of the Maya people and those living downstream of the dam by The Belize Institute of Environmental Law and Policy (BELPO). Since that time the dam has been built; but now the IACHR has declared that the petition has validity. In such cases we might ask if it acceptable that the IACHR should take eleven years to reach a decision regarding the validity of petitions. We include below the press statement recently released by BELPO.

 PRESS RELEASE: HUMAN RIGHTS VIOLATIONS CAUSED BY THE CHALILLO DAM HAVE VALIDITY

June 21, 2016

 In an important decision, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has opened a case against the Government of Belize (GOB) regarding the controversial Chalillo Dam built on Belize’s Macal River in 2005.

The decision is in response to a petition from The Belize Institute of Environmental Law and Policy (BELPO) filed in 2004 on behalf of the Maya People and those living downstream of the dams who say their rights − including their rights to life, liberty and personal security, religious freedom, benefits of culture, legal rights and the right to work − have been violated.

In their brief to the Commission, BELPO documents show how the riverine populations have been harmed: water quality has been so degraded that people can no longer bathe in or drink the water; fish have been poisoned by mercury leaving citizens without their vital source of protein; more than 300 Mayan archaeological sites have been lost under the reservoir eliminating a large body of knowledge to the Maya; changes to river flows and sediment deposition have destroyed farms and ecotourism businesses along the river and unemployment has risen.

chalillo_8aug09

Also, BELPO says the Government of Belize has, in defiance of its own institutions and legislation, refused to abide by the Orders of the Belize Supreme Court to enforce the Environmental Compliance Plan (ECP) for Chalillo, which is a contract between the Government and the owner of the dam to take measures to mitigate the damages caused by the dam.

The GOB has also failed to inform the people on the quality of the Macal River water, to disclose mercury levels in fish to the public on a timely basis and to provide a viable warning system to alert downstream populations of dam breaks including the failure to disclose that the dam is built in a seismically active area.

IACHR’s decision to admit our petition is recognition of the severity of the harms to health, safety and property rights, as well as indigenous rights by the destruction of over 300 major Mayan archaeological sites as well as recognition that the people have a right to know the extent and nature of the harm inflicted upon them by contracts made in their name with corporations.

The opening of the case is, above all, a victory for the affected communities, the Maya people of Belize and local social movements, who have endured for all these years, and remain strong and determined in their search for justice and compensation.

As an organization representing the victims of the Chalillo Dam, BELPO remains committed to exposing the human rights violations directly caused by the dam’s construction.

BELPO acknowledges the integral role played by the Environmental Law Alliance (ELAW), the International Rivers Network (including a valiant fighter for the people, Berta Cáceres assassinated in Honduras earlier this year) and Probe International of Canada in the struggle to get these abuses into this international body.

Press Contacts:

George Gonzalez

Dr. Candy Gonzalez

The Belize Institute of Environmental Law and Policy (BELPO)

P.O. Box 105, San Ignacio Town, Cayo District, Belize

Phone: +501- 824-2476   | email: belpo.belize@gmail.com | candybz@gmail.com

 

“In all of Latin America there is resistance against dams” Gustavo Castro, ecologist

The activist points out that development of hydroelectric megaprojects continues to aggravate climate change.

By Vinicio Chacón, Semanario Universidad (Costa Rica), vinicio.chacon@ucr.ac.cr 

Sep 21st 2016. | Translated by Rick Blower

 Key words: Berta Cáceres; COPINH; criminalization; hydro-electricity; climate change; Kyoto Protocol; free trade treaties.

 The Mexican ecologist, Gustavo Castro, gained notoriety by being the sole witness to the assassination of Berta Caceres, the Honduran indigenous leader and environmentalist, on March 2nd [2016].

Castro is the leader of the organisation Other Worlds – Friends of the Earth and with calm but with forcefulness took on the Honduran judiciary, who, with incredible manipulation, sought to charge activists of the Civic Council of Popular Organisations and Indigenous Peoples of Honduras (COPINH) with the assassination.

From COPINH, Cáceres led the Lenca peoples’ fight against the Agua Zarca Hydroelectric Project (PH), a project of the company Desarrollos Energeticos S.A. (DESA).

In Costa Rica to participate in the II Latin American Congress on Environmental Conflicts (COLCA), Gustavo Castro spoke with Semanario Universidad in an interview coordinated through the Conservation Federation of Costa Rica (FECON).

What awakened your ecological conscience?

“It was a process of spending many years participating in co-operatives; I worked a lot with Guatemalan refugees who had come from the war. The jump to the fight for environmental causes came about in the nineties, when many investment projects came into the country after the North America Free Trade Agreement (NALCA), which obviously favoured the transnationals and the plunder of the country.

They were the country’s oil, gas, use of water, electricity, etc. It was not that there were no conflicts before, but when these pass into the hands of the corporations, they demand yet more favourable conditions for investment. They begin to modify the Water and the Mineral Laws, to hand over to the large mining companies the exploitation of gold, silver, strategic minerals of the country; now with the energy and also oil and gas reforms. This, in one way or another, begins to impact more and more on the environment, then begins a fight with more force about the defence of the territories; but also when we begin to see the deforestation that causes the infrastructure to favour the investments, not only in my case, but also in the peasant and indigenous communities you begin to have a greater awareness on the environmental impact.”

When did you begin to have contact with COPINH and Berta Caceres?

“I knew Berta in 1999, when we began to call for many processes of resistance, amongst them the creation of the Convergence of the Movement of the Peoples of the Americas, the Hemispheric Meeting against Militarisation, or the meeting against the Plan Puebla Panamá. We used to organise all of these meetings in Chiapas, later we repeated them in Honduras. A connection was made around the process of resistance in which we and COPINH not only took part but the whole region of Mesoamerica. There was much affinity in the process of putting together the movement with Berta and COPINH for more than 15 years.”

What is the most important lesson that you can take from the history of Berta Caceres?

“It is very difficult to name just one, because she was a very complex person, in the sense that she was very lovely, a very coherent person who had the capacity of structural analysis; also she could communicate strongly both with academics and members of congress, and at the same time she was involved in mobilization with the people.

“She was extremely respected and very tenacious, a very brave woman, always at the front of all COPINH demonstrations. Berta was very coherent in her analysis, her speeches and her attitude with the people and with the movement.

“With Berta’s assassination her personality was reborn on all fronts. As we say, Berta did not die, she multiplied, her presence is very strong.

“She was a happy person, she was very optimistic in spite of all of the adversity, even though she received many threats and assassination attempts.”

After the assassination was carried out and the hitmen took you for dead as well, what was the attitude of the authorities?

“I believe that what first took them by surprise was that there was a witness, they did not expect that. I arrived a day earlier at La Esperanza, (where Berta lived), so I think that only COPINH and Berta knew that I was going to be there. I believe that it was intended to be a ‘clean’ assassination, where Berta would be alone in her home. When they realised that there was a witness, they had to modify the scene of the crime and begin to make up a way to criminalize and implicate COPINH. They failed, so they begin to look at how to criminalize me.

“The authorities were unable to present to Berta’s family a credible version of events leading to the assassination, COPINH, the national community or the international community, when there was so much background information and the origin of the problem was very clear.

“For this reason they somehow tried to detain me in an illegal way in the country in order to find a way to impute me. In the end those who ended up being sacrificed are the manager of the company, the army and the hitmen. We know that they are not the only ones who are involved.

“The deal that they gave me was like a record card, as an object of proof, violating my human rights but also many judicial procedures. Everyone knows why, in the press, it emerged how the crime scene was altered. In those first days there were very many irregularities in the investigative process.”

Even when they produced an artist’s impression, the artist drew another person.

“I didn’t know that while I was in the Public Ministry, they had detained a member of COPINH on whom they were intent on placing the blame. Effectively, whilst I had not slept, was wounded, and with all this tension, they took me to the person who produced the ‘artist’ portrait. I told him that it was not like that, he erased the image and began to draw the same thing.

“They told me on various occasions that I could leave. I was obviously willing to help in all the proceedings, even though they had left me not having eaten, no sleep, without a blanket even if I had wanted one; anyway I went on supporting, left in my bloodied clothing. One way in which they tried to implicate me is that they stole my suitcase, which I left in Berta’s house, there was obviously the possibility to plant whatever thing which could implicate me – to date they have not returned it to me.

“They did not carry out any process of justice even though I appeared before the fiscal, the Public Ministry, the lawyer of the Honduran Commission of Human Rights, everyone is witness to me requesting a copy of my ministerial declaration, yet they wouldn’t let me have it – the copy of my declaration before the judge, and they did not give it to me; I asked that they return my suitcase, the same response. It was a total cynical violation of the Procedural Code, the Penal Code, and human rights.

“There wasn’t even a formality in the recognition of the faces. In the beginning they showed me photographs and videos of COPINH as if to say that the person responsible for the assassination was there.

“Many irregularities occurred in this process and so the government ruled that all of these ministerial formalities be kept secret.

“In the case of the state kidnapping at the airport, they took me back again for more meetings. Later, I stayed at the Mexican Embassy’s house for a month, up until the last day, without them giving an explanation as to why they wanted me, without even giving me a copy of the judge’s resolution which decreed the prohibition of my being allowed to leave the country, and before the insistence of the lawyer in the face of such judicial anomalies, such irregularity, the judge suspended the right of my lawyer to practice.”

Subsequently the authorities connected officials from the company DESA and the military institution with the murder, but you have said that it goes further?

“I did not say that, the press said it, COPINH said it, the family said it, there was even an attack against a journalist who explained a lot about the relationship and links between the judges and politicians in the problem.”

You have argued that to consider hydroelectric energy as clean is a ‘stupid idea’, which is a direct hook to the jaws of the proud Costa Ricans who produce energy in this way.

“It is not only Costa Rica, but the whole of Latin America, which for decades has always associated hydro electric as a clean development.

“If in Costa Rica they do not know it, they might know there is an impressive resistance in the whole of Latin America – the number of people who have been displaced and assassinated, who have not had an experience of adequate resettlement or redress. Even the same World Commission on Dams, which financed the World Bank, in the year 2000 published a report where they say that 60% of the basins in the world have been dammed, that 30% of fresh water fish have been killed as a result of the dams which generate 5% of greenhouse gases, that more than 50,000 large dams have been built in the world, that these countries remain extremely indebted to the World Bank, that 30% of the dams in the world have not generated the energy that they were meant to, that 80 million people have been displaced in the world at the same time flooding villages and towns. This is what the evidence tells us in the world, in all of Latin America, in Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Panamá and in Mexico there is resistance against the dams.

“Since this report the social movement against the dams said “we have to disarticulate that discourse”, a discourse in which hydro-electricity is the same as clean energy, when it has generated all these disasters, including the disappearance of mangrove swamps and whole basins as a result of the construction of dams.

“With the Kyoto Agreement they returned again with the intention to reposition the dams as a form of clean energy, in the sense that the countries of the North, in their attempt to reduce their output of greenhouse gases, are looking to replace it with an investment in clean energy. So, if I have to reduce 10 tons of CO2 from the Northern countries, I can’t do it; better I build a dam that according to me will eliminate these 10 tons, it can be saved with clean energy.

“The effects of the dams in the world are a disaster. So how do we generate another paradigm for clean energy? This is the big problem; but not building, blocking more basins, displacing more communities, that favours the construction companies of dams throughout the world. There are other ways and mechanisms to generate clean energy. Even in Europe and the United States they are dismantling dams. But if we have to build dams in the South with the idea that it is clean, sustainable and green energy, it is actually the dirtiest energy that has generated all these socio-environmental impacts.”

Is the ecological mentality and this new paradigm to produce energy that you mention losing the pulse against the ideology of extraction, of which the construction of dams is part?

“I believe rather that much of the resistance is strengthening. It has even managed to stop many hydro-electric projects in Brazil, Mexico and many other places.

“The big challenge that we have is how the same communities build alternative forms of development. I went to COPINH as a guest so that we could reflect on other models and mechanisms of generating clean energy, autonomous, community-led, serving the communities, not flooding the COPINH territories for special economic zones, for mining projects. For example, the leaching of gold can use, depending on the size of the mine, some 2 to 3 million tons of water every hour. They need dams and large quantities of energy.

“The use of energy and water is required for monoculture, for industrial parks, for model cities, even for large tourist centres, large hotels, for the automotive industry; and in the end, the people are those who pay the price of this so-called development.”

At what point in all of this process is it driven by Free Trade Agreements? Is it realistic to hope that these countries will denounce these agreements and make room for a new paradigm of energy generation?

“It is a challenge. The responsibility is not only for indigenous populations and peasants to be alert to and resist this. Certainly the commercial Free Trade Agreements accelerate this process and not only the agreements, but the so-called Kyoto Protocol too.

“The Free Trade Agreements open the doors to investments: if before there were not 10 industrial parks, now there are and they require water and energy; if before there was not a European, Japanese, North American automotive industry in our country, now there are 3, 4, 5, and they require water and large quantities of energy. If before there were no monoculture plantations and now there are, like Monsanto in zones which require large quantities of water, so now there are. If before there were no mining projects requiring large quantities of water and energy, today there are.

“Free Trade Agreements accelerate the need for water and energy, which is why they speed up investment in all of these types of mega-projects that require these inputs.”

Is the Paris Accord on the same lines as the Kyoto Protocol?

“Yes, at the end of the day they do not touch the root of the problem and they keep on seeing how to carry on giving excuses, as happened with the Kyoto Protocol: 15 years after its approval, after the urgency is announced, and they accept a reduction of 5% in greenhouse gases not after those 15 years, but 15 years further on – that is absurd.

“Then, that 5% I am not even going to reduce; I am going to look at how I can compensate for it. I continue producing tons of CO2, but I can buy the Costa Rican jungle, the environment services, which may breathe 10 tons. So the contamination balances out to zero: here I produce 10, there I breathe 10; I buy breath and we give carbon credits or elegantly a green economy.

“The same is happening in all of the Conferences of the Parties to the Framework Convention of the United Nations on Climate Change (COP) that there have been. It’s not been anything other than keeping on postponing and postponing without getting to the heart of the problem.”

What is at the heart of the problem?

“We have to change the paradigm of the system; we have to stop it at the source of climate change and that does not mean only this atrocious capitalism, but also the pollution generated by the most developed countries: between 60% and 66% of greenhouse gases that affect warming of the planet.

“We have to stop it and, as Berta said, there’s no time left. She said a lovely phrase: “wake up humanity”. I believe that the problem is systemic, it is planetary and we have to become aware of the necessity to change this paradigm of development.”

©2015 Semanario Universidad. Derechos reservados. Hecho por 5e Creative Labs, Two y Pandú y Semanario Universidad.

Reproduced here by kind permission of Vinicio Chacón.

International Human Rights Clinic submits brief addressing environmental and human rights violations in Belize

Included here is a blog from Santa Clara Law’s International Human Rights Clinic.  They submitted a brief in support of BELPO’s Petition to the Inter-American Commission on Human Rights. I am grateful to Chloe Tomlinson for permission to reproduce the blog entry in The Violence of Development website.

By Santa Clara Law student Chloe Thomlinson and Prof. Francisco Rivera

On June 13th, 2018, Santa Clara Law’s International Human Rights Clinic submitted an amicus curiae brief before the Inter-American Commission on Human Rights on behalf of communities affected by the construction of the Chalillo Dam in Belize. The brief addresses novel legal issues and provides the Commission with a unique opportunity to further develop the human rights obligations of States and businesses in the area of environmental harms caused by large development projects.

Chalillo Dam in Belize.

 

Fourteen years ago, the Belize Institute of Environmental Law and Policy (BELPO) submitted a petition before the Commission alleging human rights violations caused by the approval, construction, and operation of the Chalillo Dam in the Macal River basin. Construction on the Dam began in 2002 and was completed in 2005. The petitioners allege the dam was approved in violation of applicable regulations that required, among other things, further studies on mitigation of impacts to wildlife, archaeological ruins, and the environment, as well as publication of required water tests.

People living in the Macal River Basin depend on the river for drinking water, employment, bathing, fishing, and recreation. The dam’s construction has severely damaged the Macal River and caused major, irreversible, negative environmental impacts, destroyed unique and critical habitats, and submerged unexplored Mayan archaeological sites, which are of cultural importance to the Mayan communities in the region.

On October 27, 2015, the Commission declared this petition admissible and a decision is pending on its merits.

The Clinic’s brief supports the petitioners’ allegations and argues that:

(1) Belize violated the human rights to life, health, and water by contaminating the communities’ water and food supplies and by making clean water economically inaccessible to them;

(2) Belize violated the right of access to information by failing to comply with public awareness requirements under the dam’s environmental compliance plan, provide adequate responses to requests for information, and offer an effective mechanism to guarantee the right to access information;

(3) Belize violated the right to work by negatively impacting tourism, fishing and farming in the Macal River Valley, and

(4) Belize violated the right to access to justice and judicial protection by failing to provide an effective recourse to address violations of the dam’s environmental compliance plan.

Clinic students Susan Shapiro, Chloe Thomlinson and Kyle Heitmann interviewing a local business owner in Belize.

 

Five Clinic students worked on the brief during a year-long process that included a fact-finding trip to talk to affected communities in the Macal River in Belize. “Interviewing the affected community members in Belize was an exceptional experience;” said clinic student Chloe Thomlinson, “it made the issues we were discussing all the more real and significant”. Students canoed down the Macal River with affected community members who described the negative effects the dam had on the river and on their livelihoods. Some community members, including children, developed skin rashes and stomach problems due to the contaminated water. For the community, the Macal was more than just a river; it was where they grew up, made memories, and worked, and it was a source of food and clean water.

The Clinic’s brief aims primarily to support and supplement the remarkable work that the petitioners and local NGOs have done to seek reparations for the damage done by the construction of the dam. Additionally, the Clinic expects the Commission to develop clear language on the relevant obligations States and businesses have in the area of economic, social, cultural, and environmental rights, particularly in the context of large development projects that contaminate rivers and cause harm to rural and indigenous peoples.

Read the amicus brief on Chalillo Dam in Belize.

http://law.scu.edu/ihrcblog/international-human-rights-clinic-submits-brief-addressing-environmental-and-human-rights-violations-in-belize/

Guatemalan Water Defenders Celebrate Ten Years Of Resistance

Articles originally published by Inequality.org can be reproduced under a Creative Commons license, but we are grateful to Inequality.org for specific permission to reproduce here this article by Jen Moore. The original can be found at:

https://inequality.org/research/celebrating-resilient-water-defenders/

By Jen Moore, Inequality.org, March 2, 2022

Key words: Berta CaceresGuatemalaWater Protectors; La Puya; International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID); Honduras; Guapinol Eight

 

An Attempted Assassination, Criminalization, And Violent Eviction In 2014 Didn’t Stop The Peaceful Resistance Of La Puya In Guatemala, Which Won Legal Action Suspending Harmful Mining Activities.

Credit: Jen Moore

In Central America, as in many other parts of the world today, communities are being thrust into life and death struggles up against powerful interests to ensure clean water and health for their future generations. This is often the case where mining companies seek to dig up gold, silver, iron ore or other metals and minerals, disrupting or destroying precious water supplies in the process, and leaving behind massive quantities of toxic waste on the land.

With national and international laws designed to privilege such harmful activities in the name of so-called development and progress, it is vital to celebrate the milestones of people fighting against all odds to protect their lives and lands from such threats.

Today, March 2 [2022], many will honour the life of Berta Cáceres and reaffirm their commitment to the fight for justice for her brutal murder in her home six years ago. Her leadership in the resistance to megaprojects in Honduras, including a hydroelectric dam and mining concessions on Indigenous Lenca territory, continues to inspire many. Today also marks ten years of inspirational, peaceful resistance to gold mining at a place known as La Puya, just north of Guatemala City. The freedom of eight water defenders in Tocoa, Honduras [the Guapinol Eight] is also being celebrated this week where there are important signs that resistance to mining is gaining traction at the national level following the inauguration of President Xiomara Castro.

 

A Decade Of Water Defense In Guatemala

Celebrating ten years of resistance in Guatemala, the Peaceful Resistance ‘La Puya’ began on March 2, 2012 with a 24-hour protest camp in front of the entrance to a gold mine site operated by Nevada-based mining company Kappes, Cassiday & Associates (KCA) just north of Guatemala City. This week, over fifty Guatemalan and international organisations sent their congratulations to La Puya for its tenacious and ongoing struggle.

Over the course of the past decade, as a result of their resistance, members have suffered acts of intimidation, an attempted assassination, criminalization, as well as a violent eviction in May 2014 in order to enable the mine to start operating.

According to Guatemalan courts, KCA’s operations were always illegal. The company never had local support, lacked a construction license to build the mine, and violated environmental regulations. Legal action led to the mine suspension in 2016, upheld by the Constitutional Court in 2020, until which time a consultation has been undertaken with the community.

Despite having failed to respect Guatemalan law and much less the communities’ human rights, KCA is now suing the state of Guatemala for over $400 million dollars at the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) under the terms of the Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement with the U.S. (DR-CAFTA). KCA’s case against the Guatemalan government is part of an increasingly common strategy used by transnational corporations to bully foreign governments into approving projects that lack community support or otherwise extract their profits through compensation.

In its arbitration defense, despite the Guatemalan government having backed the company to get the mine up and operating in 2014, it acknowledges the legitimate resistance of La Puya to protect already scarce water supplies from contamination and depletion. It also argues that the company’s environmental impact study was incomplete, failed to abide by Guatemalan standards, let alone international norms, and never should have been approved. Meanwhile, the Guatemalan government also claims that the company failed to abide by at least 50% of its environmental obligations according to national regulations.

The Guatemalan defense team even goes so far to recognize that the injustice of this case is further evidence of the injustice of the international arbitration system: “The people of Guatemala should not now be asked to pick up the tab for Claimants, if at all that they suffered any business losses. Otherwise, this Tribunal would be rewarding an imprudent investor at the expense of causing doubt on the fairness of the investor-state dispute settlement system.”

It is only the stalwart persistence of the Peaceful Resistance La Puya and their careful documentation of their struggle and the company’s violations that have kept mining out of their communities so far and brought these local and international injustices to light.

 

Hard Fought Freedom For Defenders In Honduras

In Honduras, late the night of February 24th [2022]six water defenders were finally reunited with their families after being illegally held for two and a half years in pre-trial detention. Two other water defenders were released earlier in February.

Their crime? Having participated in peaceful protests against contamination of their rivers from an open-pit iron oxide project operating within a protected area upstream of the water they rely on. After two and a half years of legal work and campaigning to build support for the freedom of the water defenders, including from solidarity groups, faith, environmental and human rights organisations, as well as UN bodies, the men were finally released. They were received with fireworks, applause, and hugs from their family members, supporters and members of the Municipal Committee in Defense of the Commons and Public Goods of Tocoa, recipient of the 2019 Letelier-Moffitt International Human Rights award.

Honduran company Los Pinares Investments holds two mining concessions within the Carlos Escaleras National Park, the headwaters of 34 rivers. In 2013, the limits of the central area of the park were redrawn so that the project would remain within the buffer zone in which such mining is permitted. The company, owned by Honduran elite that enjoyed a cosy relationship with the now former dictatorship of Juan Orlando Hernández – recently arrested for his narcotrafficking ties – has received investment from the large US steel company Nucor. Nucor reported ending its investment in the project in 2019, but two of its executives still appear as directors of a Panamanian subsidiary that is part of the Honduran business group.

The Municipal Committee continues to challenge the illegality of the iron oxide project, which went into operation in 2021. It is possible that with the recent inauguration of Honduras’ first female President Xiomara Castro that their complaints seeking the project’s closure could gain traction.

Notably, prior to being ousted in a military backed coup in 2009, under Castro’s husband and former president Mel Zelaya, a proposed bill was awaiting debate that sought to prohibit open pit mining and put other constraints on this toxic activity. This bill came about as a result of the difficult struggles of movements and mining-affected communities in Honduras, such as in the Siria Valley where communities faced health harms from the San Martín gold mine, owned by Goldcorp (now Newmont).

In echo of this earlier proposal, on February 28, the Honduran Secretary of Energy, Natural Resources and Mines issued a communiqué stating that no further permits will be issued for extractive projects as a result of being a threat to public health, water and natural resources, declaring Honduras free of open pit mining. The statement further indicates that the authority will “proceed with the review, suspension and cancelation of environmental licenses, permits and concessions.”

While applying such measures to existing mining projects and permits in the country is sure to face a fight and require continued organising from Honduran water defenders and their allies, this declaration is potent evidence of the tremendous efforts that have already taken place by land and water defenders on the frontline.

Celebrating water defenders and their long-term struggles is part of learning from one another. While La Puya and many other communities in Guatemala continue to stave off precious metal mining, as Hondurans forge a path to be mining free, and as the Salvadoran people also fight to maintain their ban on metallic mining since March 2017, they remind us about how through collective efforts and tenacity important victories can be won for the health of people and the planet.

 

Honduras: Guapinol 8 finally released

Taken from ENCA 84, newsletter of the Environmental Network for Central America (ENCA)

By Jill Powis* 

The eight Honduran water rights defenders, who had been in pre-trial detention for two-and-half years, were finally released in February 2022, after some bizarre legal shenanigans.  They had been accused of crimes against the mining company Inversiones Los Pinares (ILP) in a case condemned as politically motivated by a range of legal and human rights experts.

The Guapinol 8 were arrested after opposing a huge open-cast iron oxide mine which has polluted rivers relied upon by over 42,000 people (see ENCA 75 and 78).  The mine is owned by Lenir Pérez, already notorious for human rights abuses related to his mining explorations in La Nueva Esperanza, Atlantida department, and his wife, Ana Facussé, daughter of the late Miguel Facussé, the palm oil baron associated with the murder and intimidation of land rights defenders (see ENCA 56).

The mine is located in the Bajo Aguán region, in the Montaña de los Botaderos Carlos Escaleras National Park, in Tocoa municipality. Despite the Park being protected territory, the state altered the boundaries of the Park’s no-development (‘nucleus’) zone in 2012 to accommodate the mine, which went ahead without any community consultation, in violation of the law.

On 7 September 2018, during a peaceful demonstration against the mine, one of the protesters was seriously wounded by shots fired from a car reportedly belonging to ILP. This was never investigated, but the authorities brought charges against the protesters for the alleged kidnapping of the ILP’s chief contractor as well as damage to ILP property. The case was condemned because of its many irregularities, such as the fact that the contractor repeatedly changed his testimony, while independent video evidence showing that the protest was largely peaceful was ignored.

At their trial, which finally took place on 9 February 2022, six of the Guapinol 8 were found guilty in a verdict described as “outrageous” by Amnesty International.  Unexpectedly, the next day, the Supreme Court issued a judgment accepting appeals filed months earlier that challenged the constitutionality of the charges and the pre-trial detention. However, it was only 14 days later, with much foot-dragging (and after an additional ruling by the national Court of Appeal closing the case) that the local courts finally released the remaining six.

Honduras’ new president, Xiomara Castro, had called for the Guapinol 8’s release at her inauguration in January, and so the delays by the local courts could be seen a means of showing contempt for her regime.

_________________

* From 2011 to the end of 2013 Jill Powis served as a human rights accompanier with PROAH (Honduras Accompaniment Project) which accompanied a range of threatened organisations in the country including COFADEH and COPINH.

https://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com/

https://enca.org.uk

 

Update on the detention of the ADES Five water defenders

John Cavanagh’s article in Chapter 5 of this website (‘Is Mining Money Behind the Arrest of Salvadoran Water Defenders?’) was written in January this year. In August this year the five detained water defenders of Santa Marta and the Association of Economic and Social Development (ADES) celebrated a minor victory as they were released from jail into house arrest. This meant that they were free of the horrific conditions in the Salvadoran penitentiary system and that they were reunited with their families. The court order also required the detainees to be released into hospital for medical evaluation, but the General Directorate of Correctional Centres of El Salvador failed to comply with the order and released them directly into their homes instead.  

In June this year, before their release, Martin Mowforth received an email letter from a Salvadoran friend and a prominent member of the Roundtable Against Metal Mining in El Salvador tying together the links between the arrest of the ADES 5, the current repressive state of exception in El Salvador (reported in Chapter 10 of this website) and the threat of an end to the prohibition of metal mining in El Salvador. We are not using our friend’s name because of the high possibility of reprisals against him resulting from his information and opinions. His letter (below), translated for the TVOD website Jill Powis, is given below. (Thanks Jill.)

 

“Anyone who criticizes the state of emergency which has been imposed on an apparently permanent basis suffers police harassment and persecution.

A number of organisations (Institutions such as UCA, FESPAD and CRISTOSAL) have documented a range of human rights violations in El Salvador during this state of emergency. For example, they estimate that as many as 66,000 people suffered arbitrary detention without an investigation or arrest warrant, during which 170 have died.  According to personal testimony from the victims themselves, human rights abuses committed in the prisons include physical and psychological torture, beatings, electric shocks, suffocation, and malnutrition.

The Movement of Victims of the Regime in El Salvador (MOVIR) presented a letter to the offices of the Presidential Commissioner for Human Rights, Andrés Guzmán, asking him to review the cases of innocent people arrested under the state of emergency.

In public statements, the Presidential Commissioner has repeatedly claimed to be unaware of human rights violations in El Salvador and is therefore complicit in the current policy of terror. In El Salvador, people continue to be disappeared and, despite the fact that this has been reported to the authorities and a search association has even been set up in response, the State has shown itself to be indifferent to the issue.

In the case of the environmentalists [here he is referring to the water defenders, the Santa Marta 5], they have now been in arbitrary detention for seven months. On 16 May, the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders requested their release, but the Salvadoran State has refused.

The Sensuntepeque Investigating Court (Juzgado de Instrucción) has twice refused to review their detention and has still not held the special hearing to review the measures handed down by the Criminal Chamber of Cojutepeque on 30 June.

Grassroots organisations have asked the Prosecutor’s Office to withdraw the charges against the environmental leaders of Santa Marta and ADES.

Their request is based on the lack of real evidence incriminating the leaders and environmentalists and on the provisions of the National Reconciliation Law of 1992. The organisations also point out that the criminalization of environmental defenders is an abuse of the judicial process motivated by plans to recommence metal mining.

If the Salvadoran government continues to ignore the calls of the Special Rapporteur, El Salvador could be considered to be in contempt of this body.

The President has now sent 7,000 soldiers and 1,000 police officers to Cabañas, further consolidating their presence in the municipality of San Isidro and the community of Santa Marta, both centres of resistance to mining companies.

This deployment of state forces, far from guaranteeing security, is instead intimidating and terrorizing the inhabitants, as innocent people are being detained, accused of being criminals.”

 

Is Mining Money Behind the Arrest of Salvadoran Water Defenders?

BY John CAVANAGH

JANUARY 26, 2023

The following article taken from inequality.org is by John Cavanagh, a Senior Advisor at the Institute for Policy Studies. We meant to include it in previous additions to The Violence of Development website, but it was missed for a variety of reasons – apologies. We are grateful to John for granting us permission to include the article in the TVOD website.

Key words: metal mining ban; El Salvador; detention of water defenders; mining-related assassinations; Association of Economic and Social Development (ADES); Pacific Rim / OceanaGold.

Protestors demanding the release of the five water defenders. Credit: Association of Economic and Social Development (ADES).

Human rights and environmental activists across the globe are mobilizing in support of five men detained in El Salvador on charges that appear aimed at silencing opposition to mining. The arrestees — Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco, and Saúl Agustín Rivas Ortega — were among the leaders of a campaign to block mining activities in El Salvador that would have enriched a few while endangering the nation’s water supply.

In 2017, their campaign shook the rapacious global extractives industry to its core by winning the world’s first ban on metals mining. Robin Broad and I chronicled this thrilling victory in our book, The Water Defenders: How Ordinary People Saved a Country From Corporate Greed [published by Beacon Press, Boston, in 2021].

But now it’s clear this David versus Goliath struggle is not over. El Salvador’s Attorney General claims the January 11 arrests are related to an alleged murder over 30 years ago during El Salvador’s brutal civil war. These charges are beyond dubious.

As more than 250 organisations from 29 countries point out in a joint statement, the government has never bothered to prosecute members of the military responsible for dozens of civil war-era human rights violations. These include a 1981 massacre that left 30 dead and 189 disappeared in the arrestees’ community in northern El Salvador.

“This further raises questions about whether the Attorney General’s true motivation is to attempt to silence these Water Defenders, especially in light of the current administration’s crusade to criminalize, persecute, and demobilize its political opponents,” reads the international statement.

Through my 14 years of collaboration with the water defenders of El Salvador, I’ve got to know one of the five men arrested — Antonio Pacheco — particularly well. His story reflects the courage, creativity, and perseverance of a movement that has inspired fellow activists around the world.

For over two decades, Pacheco has led the Association of Economic and Social Development (ADES), the organisation that anchored the fight against mining in the northern province of Cabañas.

The mining corporation that had come to Cabañas was the Vancouver-based Pacific Rim. What they wanted was to extract the rich veins of gold buried near the Lempa River, the water source for more than half of El Salvador’s 6.2 million people.

Pacheco initially thought mining might be good for this economically poor province. But then he learned about the dangers for public health and agriculture from popular educator Marcelo Rivera. They and others, including tireless community leader Vidalina Morales, began informing their impoverished, rural community about the issue. They also raised funds to bring in outside experts, including a leading international hydrologist who issued a devastating critique of the mining company’s environmental impact statement.

In time, the activists built up a National Roundtable on Metals Mining that won over a strong majority of the public and rallied the Catholic Church, farmers, small businesses, and labour and environmental groups to oppose mining.

Then the company struck back. In 2009, Pacific Rim (a Canadian firm later bought by Australia-based OceanaGold) filed a lawsuit against the government of El Salvador, eventually demanding $250 million in compensation for the loss of profits they’d expected to make from their mining project there. For the cash-strapped country, that was the equivalent of 40 percent of the national public health budget.

This legal blackmail occurred amidst an explosion of violence against anti-mining activists, including the murder of Pacheco’s fellow campaign leader Marcelo Rivera. Several people have been convicted of Rivera’s killing, but to this day the “intellectual authors” have never been held accountable.

Pacheco also faced personal death threats. In the wake of Rivera’s assassination, one note read: “The hour has come…[Pacheco] for the bomb in your own house and of your pals, now is the hour you pay for what you did…[You are] the next like Marcelo Rivera.”

Pro-mining forces also tried to buy Pacheco off through offers of prostitutes and other bribes. He didn’t blink. Instead, Pacheco focused on broadening the campaign’s base, building relationships with the right-wing ARENA party’s environment minister, conservative bishops, and other unlikely allies.

He and Morales also encouraged my organisation, the Institute for Policy Studies and MiningWatch Canada, to create International Allies Against Mining in El Salvador, a coalition that has brought outside attention to the campaign and pressure on the mining company.

In 2016, the water defenders who had paid such a high price for their resistance won their first measure of justice: a three-person tribunal ruled unanimously against the mining company. This victory emboldened efforts behind a ban on metals mining, efforts that paid off in 2017 with a stunning, unanimous vote in the Salvadoran legislature.

Now, Pacheco and others who have inspired defenders of water and democracy around the world sit in jail cells.

Why would a government imprison heroes who have saved their country by saving its rivers? El Salvador’s president, Nayib Bukele, is an authoritarian populist who has demonized environmentalists and suspended a wide range of civil liberties, leading to widespread  arbitrary detentions.

His targeting of the water defenders could be linked to Bukele’s mismanagement of national finances, in part through his disastrous marriage of El Salvador’s currency to Bitcoin, which has created tremendous pressure to generate revenue from any source — even if it destroys the environment.

Before his arrest, Pacheco was one of several people who had reported suspicious appearances by unknown individuals offering to lease farmers’ land for exorbitant amounts of money and provide funding for municipal social programmes in the mining region of Cabañas. These appearances are just one sign that the Bukele government could be moving toward increased collaboration with transnational mining institutions and overturning the mining ban.

El Salvador-based environmentalist Pedro Cabezas and Canadian journalist Owen Schalk have also reported that two mayors from the Cabañas mining region say they met with officials of the Exports and Investment Promotion Agency of El Salvador who told them that mining will soon be reintroduced.

In their joint statement, the international organisations call on Bukele’s government to “drop the charges against the five water defenders and otherwise release them from prison to await their trial.”

Through incredible courage, backed up by strong international solidarity, these water defenders have won seemingly unwinnable battles against formidable economic and political forces. The fight must continue to gain their freedom and keep mining out of El Salvador.


Notes:

  • Robin Broad and John Cavanagh’s book is the definitive story behind the run-up to and the background of El Salvador’s metals mining ban, but the subject is also widely covered in a range of articles in Chapter 5 (‘Mining’) of The Violence of Development website.
  • Robin Broad and John Cavanagh, 2021, The Water Defenders: How Ordinary People Saved a Country From Corporate Greed, Beacon Press, Boston.