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Por Ricardo Flores, La Prensa Gráfica, El Salvador

28 Noviembre 2018

Estos son los relatos que seis familias desplazadas por la violencia le contaron a Cristosal, la organización que documenta y atiende los casos y que ayer presentó un sistema de monitoreo del problema. Estas historias llegaron hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

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Nelson fue desaparecido y luego asesinado por negarse a abandonar su casa. La primera advertencia le llegó en 2014 de una vecina que tenía vínculos con pandilleros del Barrio 18, quien le dijo que debía cerrar el negocio del que sobrevivía la familia, conformada por siete personas. La queja de la mujer era que “vendían el mismo producto que ella”. Tras esa intimidación, llegaron más avisos que contenían amenazas de muerte para que se fuera del lugar junto con toda la familia. Corría octubre de 2015 cuando decidieron huir hacia donde otros parientes, pero Nelson, nombre ficticio para proteger su identidad, decidió quedarse “para resguardar la vivienda”. Los parientes creen que fue asesinado porque antes de ser amenazado trabajaba en una organización comunitaria que tenía proyectos para prevención de violencia para mejorar las condiciones de vida en la comunidad.

Previo a la muerte de Nelson, la familia había acudido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en busca de protección, pero la institución abrió un expediente del caso hasta después del homicidio. El acompañamiento de la PDDH los llevó a la Policía y la Fiscalía, donde la respuesta fue que algunos miembros de la familia que sirvieron como testigos recibieron nombres claves en el proceso.

Cristosal decidió presentar el 9 de junio de 2017 un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Cuatro meses después, la sala admitió la demanda y ordenó medidas de protección para la familia de Nelson. Sin embargo, el grupo ya estaba fuera del país. Los sobrevivientes perdieron el empleo, el desarraigo a su patrimonio familiar, el derecho al libre tránsito y los jóvenes abandonaron sus estudios.

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Esta es la historia de una familia conformada por 35 personas, entre niños y adolescentes, que fueron víctimas de amenazas, agresiones físicas, abuso sexual y violación de parte de pandilleros. Todo por ser parientes de miembros de la Fuerza Armada. La pandilla cometió ataques contra la familia en distintos lugares y fechas. Las amenazas se agravaron hasta exigirles que abandonaran el municipio.

La familia buscó apoyo en otros parientes que residían en zonas del país sin presencia de pandilleros. Cuando lo lograron sufrieron nuevamente violencia, pero esa vez de parte del Estado: ocurrió cuando policías realizaron un operativo en esa comunidad con disparos “para intimidar”. Una bala impactó a una mujer de la familia, lo que le ocasionó la muerte inmediatamente. Eso los obligó a un nuevo desplazamiento.

La familia puso la denuncia de todas las agresiones y ataques que sufrió de parte de los pandilleros. La Policía y la Fiscalía se limitaron a asignarles nombres claves en los procesos para que atestiguaran; sin embargo, los casos no prosperaron. Una de las víctimas del desplazamiento forzoso también interpuso ante la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil una denuncia por la muerte de su madre a manos de los agentes que realizaron el operativo. La versión oficial de la policía de la zona fue que la mujer murió “en el marco de enfrentamiento contra pandilleros”.

Este ha sido el único de los seis casos en que la Sala de lo Constitucional emitió sentencia definitiva a favor de una familia desplazada por la violencia en El Salvador, después del amparo interpuesto por Cristosal, aunque el beneficio de las mediadas de protección dictadas por el tribunal superior solo fue para unos pocos miembros de la familia, pues la mayoría salió del país bajo el sistema de protección internacional.

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A Margarita y Luisa (nombres cambiados) las amenazaron con violarlas si no se iban de la comunidad. Las dos mujeres, madre e hija, pasaban en su negocio de comida en unos apartamentos. La amenaza inició cuando unos pandilleros llegaron a vivir al lugar.

Ante la advertencia, que incluía al esposo de Margarita y a otra hija, la familia decidió cambiar de domicilio, pero al establecerse en otro sitio, volvieron a sufrir extorsión de otra estructura de pandilleros.

Cuando la familia le contó a los miembros de la Unidad Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil lo que los pandilleros les exigían, la respuesta fue que las acciones estaban limitadas a las capturas de los denunciados y abrir un juicio “porque no cuentan con personal suficiente para brindar protección a la familia”.

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Sofía fue privada de libertad y violada por un grupo de pandilleros por ser hija de un agente. El policía buscó ayuda de la PNC cuando la adolescente desapareció, pero no obtuvo respuesta positiva de inmediato. Cuando finalmente la encontraron, los agentes acusaron a Sofía (nombre cambiado) de ser parte de la pandilla.

La Fiscalía ofreció medidas de protección solo para la menor, pero la familia, cinco personas en total, prefirió desplazarse a otro sitio, donde permanecía en confinamiento. A pesar de no salir de la casa, los pandilleros los ubicaron y volvieron a amenazarlos con la muerte, por lo que volvieron a movilizarse hasta obtener ayuda para salir de El Salvador.

La Sala de lo Constitucional admitió el amparo del caso debido a la pobre respuesta de parte de las instituciones del Estado, y otorgó medidas de protección para los cinco miembros del grupo familiar; pero ya estaban fuera del país.

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Una familia numerosa solicitó medidas de protección internacional a raíz del asesinato de una joven y su hermana. Además del secuestro de una niña que tenía solo meses de edad. La investigación del caso arrojó evidencia que los hechos fueron cometidos por pandilleros con el objetivo de “quedarse con la niña”. Los demás miembros de la familia fueron amenazados para que abandonaran el lugar, por lo que después de enterrar a las dos mujeres, dejaron sus pertenencias, vivienda y sus fuentes de empleo.

Cristosal comprobó que el Estado no tiene la capacidad para proteger a una familia numerosa.

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Victoria, su hija adulta y dos niños vivían en una casa donde tenían un negocio familiar. Un día por la tarde, pandilleros llegaron a la tienda a disparar. Victoria (nombre cambiado) falleció en el lugar, mientras que su hija resultó con lesiones de bala en algunos órganos. Familiares tuvieron que sacar del hospital a la herida porque pandilleros continuaban buscándola y temían que fuera ubicada. Pasaron así durante tres meses, hasta que logró recuperarse. Luego decidió desplazarse con los dos niños por sus propios medios hacia una casa de otro pariente. Sin embargo, un palabrero de la pandilla la ubicó y les advirtió que salieran de la zona “si no quería tener problemas”.

Esa nueva advertencia provocó que la mujer se desplazara otra vez junto a sus hijos a otro sector del país con otro pariente. A diferencia de los otros casos, esta familia no quería ingresar al sistema de albergue gubernamental, sino que una medida que les permitiera la protección de las autoridades en el sitio en que se había reubicado.

Esa petición fue planteada por Cristosal ante la Sala de lo Constitucional en un amparo que terminó admitiendo el 11 de julio de 2018, cuando ordenó medidas de protección.

El proceso judicial por el homicidio de Victoria culminó con la sentencia de los responsables. El proceso en la sala sigue pendiente de una sentencia definitiva.