El artículo siguiente es originario del blog Two Worlds por John Perry. Apareció originalmente en el Grayzone.com – thegrayzone.com . Estoy agradecido a John por su autorización para reproducir el artículo en este sitio web.
John Perry
Two Worlds blog: (twoworlds.me)
18 de febrero 2020
Aquí hay un titular que no verás: Nicaragua está en paz. Tras el violento intento de derrocar al gobierno en 2018, que costó al menos 200 vidas, el país ha vuelto en gran medida a la tranquilidad que disfrutaba antes. Esta no es sólo la impresión que recibe cualquier visitante de Nicaragua, sino que está confirmada por las estadísticas: Insight Crime analizó los niveles de homicidio en toda América Latina en 2019 y demostró que sólo tres países eran más seguros que Nicaragua en todo el continente.
Además, tres de sus vecinos, el ‘triángulo del norte’ de Honduras, El Salvador y Guatemala, estaban entre los peores países. También tienen altos niveles de violencia mortal contra las mujeres. En los primeros 24 días de 2020, por ejemplo, 27 mujeres hondureñas sufrieron muertes violentas, mientras que el vecino Nicaragua sigue teniendo uno de los niveles más bajos de femicidio en América Latina.
Pero, espera. Un titular de enero denuncia la trágica epidemia de violencia en Nicaragua. Este mes la ONU censura al gobierno nicaragüense por permitir ataques repetidos contra los pueblos indígenas. Un ‘informe de situación’ de la ONU habla de un ambiente general de amenaza e inseguridad. A finales del año pasado se informó de la represión sistemática, selectiva y letal de los campesinos. ¿De dónde proceden estas acusaciones y qué significan?
Las últimas provienen de un incidente a finales de enero. Los campesinos sin tierra atacaron una comunidad en el gran bosque de Bosawás. Según la agencia Reuters, seis muertos, diez secuestrados y casas destruidas. The Guardian, el New York Times y el Washington Post repitieron la historia. El periódico local de derecha La Prensa citó a la ONG Fundación del Río, que lo calificó de ‘masacre’; la Alianza Cívica de la oposición nicaragüense se sumó a esta calificando el ataque de ‘etnocidio’. Amnistía Internacional condenó ‘la indiferencia del Estado’ ante el sufrimiento de los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el gobierno no estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales.
Bosawás es la mayor superficie de selva tropical al norte del Amazonas. Tiene pocas carreteras y principalmente comunidades pequeñas, muchas de las cuales dependen de los ríos para su transporte. Muchos habitantes locales pertenecen a grupos indígenas a los que el gobierno ha concedido títulos de propiedad de la tierra. Otros son los llamados ‘colonos’, familias campesinas de las cuales algunos han comprado sus tierras pero también hay otras que las ocupan ilegalmente. Las disputas entre los agricultores establecidos y los campesinos sin tierra son comunes, y durante muchos años han dado lugar, a veces, a la violencia. Los problemas de la vigilancia de esos lugares, con su historia de conflictos y corrupción, no se limitan a su lejanía.
Lo que realmente ocurrió en el caso reciente sólo quedó claro después de que la policía llegó en horas avanzadas de la tarde del 29 de enero para investigar, tras haber sido llamada al lugar por motivo de un reporte de dos personas muertas, no de seis como se reportó en los medios. En el lugar donde se produjo el atentado, la comunidad de Alal, la policía encontró 12 casas quemadas y dos personas heridas. Nadie había desaparecido. Para el 31 de enero habían revisado otras tres comunidades cercanas y no encontraron pruebas de asesinato o secuestro. Los líderes de la comunidad local condenaron las noticias falsas.
Luego, en un lugar completamente distinto, a 12 km al este de Alal, a lo largo del río Kahaska Kukun, cerca de la comunidad de Wakuruskasna, la policía encontró e identificó cuatro cadáveres, dos en una parte del río y dos en otra parte, aparentemente muertos por heridas de bala. La población local dijo que no conocía a nadie que hubiera desaparecido o estuviera desaparecido. Las investigaciones continuaron y dos días después altos funcionarios de la policía y del gobierno se reunieron con la comunidad en la escuela local para explicar las investigaciones y la labor de aplicación de la ley que estaban realizando, así como la ayuda que recibirían las personas para reconstruir sus casas destruidas. Posteriormente, el 5 de febrero, los familiares de las víctimas se reunieron con la Procuradora de los Derechos Humanos de Nicaragua, Darling Ríos, para denunciar los crímenes cometidos. La policía cree haber identificado a la banda criminal involucrada y continúa la búsqueda de los mismos.
Los antecedentes de esta historia son importantes y son ignorados por los medios de comunicación internacionales y los organismos de derechos humanos. Una parte importante del territorio nicaragüense está legalmente en manos de grupos indígenas y ha sido debidamente titulado por el Gobierno de Nicaragua como tierras comunales de cada comunidad. Las autoridades que las administran son designadas por las propias comunidades. En el territorio indígena de Mayangna Sauni As, formado por 75 comunidades, existe una disputa interna por el control de estas tierras comunales. De tal manera que algunos de los líderes han vendido tierras a grupos de colonos externos, lo que podría ser la raíz del conflicto del mes pasado.
Lamentablemente, a pesar del proceso masivo y continuo de reforma agraria en Nicaragua, sigue habiendo casos de campesinos desplazados que no pueden comprar tierras caras en zonas pobladas y tratan de comprarlas en otro lugar a bajo precio, y tal vez ilegalmente, o simplemente las toman. Las zonas poco pobladas como Bosawás son especialmente vulnerables. Las organizaciones internacionales describen los conflictos resultantes como luchas entre pueblos indígenas conscientes del medio ambiente y forasteros destructivos, instigados por el gobierno. La realidad es que los pobres compiten por la tierra, a veces de forma violenta. Y la violencia es espasmódica: en los dos últimos años se han registrado pocas muertes en conflictos por la tierra, aunque hubo varias en 2015 y 2016, que afectaron principalmente a una comunidad indígena diferente, los miskitu.
No es de extrañar que los medios de comunicación se pongan del lado de los grupos indígenas y que los colonos rara vez tengan voz. Inevitablemente, como en el caso de Alal, quien pueda sacar una historia a través de una llamada telefónica recibirá atención, e incluso una agencia como Reuters parece ser dispuesta a basar sus reportajes en ese tipo de información antes de que los hechos puedan ser comprobados. Para quienes no están familiarizados con Nicaragua, cualquier noticia sobre grupos indígenas conjura imágenes de los tribus aislado de la Amazonia, lo cual está lejos de la situación real. Los medios de comunicación establecen la escena con imágenes románticas de las selvas tropicales. Sólo en raras ocasiones envían a sus reporteros para investigar a fondo los acontecimientos sobre que están reportando.
Si esto es lo que se espera de los medios de comunicación de hoy, no debería ser el caso de las ONG de derechos humanos. Sin embargo, los organismos de ‘derechos humanos’ con sede en Nicaragua son notoriamente sesgados políticamente, y desde hace mucho tiempo ya pasaron el punto en que se pueden considerar ser objetivos. Sus recientes denuncias de una campaña gubernamental de asesinatos en zonas rurales, por ejemplo, se han demostrado ser completamente falsas. Todas las ONG locales compiten por las donaciones de gobiernos extranjeros, y (como uno admitió) exageran sus cuentas de muertes para conseguirlo.
Lamentablemente, las ONG internacionales no son mucho mejor. Los reportajes de Amnesty International sobre Nicaragua se han demostrado estar llenos de errores y tergiversaciones. Anteriormente, varios individuos y organismos habían solicitado a la ONG Global Witness corregir la información sesgada en sus informes sobre de las disputas de tierras en el área de Bosawás, que caracterizaron a Nicaragua como el “país más peligroso del mundo” para ser un defensor del medio ambiente. A pesar de los muchos esfuerzos que hizo para asegurar que Global Witness escuchara las complejidades de la historia real, ese ONG se negó a retirar sus acusaciones, incluso cuando se descubrió que algunas eran completamente falsas.
Por eso los titulares como ‘Una trágica epidemia de violencia’ no deben tomarse al pie de la letra. Incluso la BBC (seis indígenas muertos en un ataque) se equivocó. El sesgo mediático contra el gobierno sandinista de Nicaragua es incesante, y las ONG internacionales lo están alimentando (al igual que el gobierno de EE.UU., por supuesto). Mientras tanto, detrás de los titulares, el pueblo nicaragüense está recuperando con éxito la preciosa paz y seguridad de la que disfrutaba antes de los violentos acontecimientos de 2018. La mayoría se siente aliviada de que la verdadera ‘epidemia de violencia’ haya terminado unos meses después de haber comenzado para dejar a Nicaragua el país más seguro de la región.